La Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia ya ha subsanado el defecto formal que apreciaba el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación a una Orden sobre las personas dependientes. El nuevo Decreto fue tomado en consideración por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado jueves, por lo que se encuentra en trámite de aprobación.
Este hecho implica que no tenga sentido alentar posibles reclamaciones por motivos electoralistas. Desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se considera que no se debe engañar, con falsas expectativas, a las personas dependientes y sus familias.
La valoración de la dependencia fue aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en marzo de 2011, aunque entrara en vigor tiempo después. Cuestionar ahora las valoraciones realizadas en Castilla-La Mancha es un empeño vano, ya que se basan en una normativa nacional que determina cualquier desarrollo regional.
La realidad es que en 2015 la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales está prestando 9.220 más servicios profesionales a las personas dependientes que hace cuatro años. El impulso a la profesionalidad en el sector de la dependencia ha hecho que Castilla-La Mancha sea una de las regiones con mayor ratio de servicios recibidos por cada persona dependiente de toda España.
El nuevo Decreto sobre Dependencia de Castilla-La Mancha garantiza los derechos adquiridos por las personas dependientes que se han ido aplicando gracias a la Orden aprobada 2013.
