8-abril-2015.- La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha tomado la decisión de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que falla contra una Orden de Dependencia de 2013 “por una cuestión formal”.
El Tribunal, que ha comunicado el fallo a las partes, «solo cuestiona que dicha Orden no contara con un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, sin entrar al fondo de los contenidos aprobados en esa normativa, muy similar a la que se aplica a nivel nacional», subraya el Gobierno regional en una nota.
Según la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia, «las personas en situación de dependencia pueden estar tranquilas, porque el Consejo de Gobierno aprobará hoy mismo un decreto que solventará el supuesto defecto de la Orden para que las personas en situación de dependencia no pierdan ningún derecho».
«Hay que recordar que algunos de los beneficios que reciben las personas en situación de dependencia de Castilla-La Mancha son superiores a los que se aplica en la normativa nacional, pero es algo que no se modificará al ser regulados por el nuevo decreto», señala el Gobierno regional.
«La Orden de Dependencia del año 2013», prosigue, «fue publicada, como todas las órdenes anteriores dictadas por el Gobierno de Barreda, sin el dictamen previo del Consejo Consultivo. Sí que contó el texto publicado por el actual Gobierno de Castilla-La Mancha con el visto bueno del Consejo de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, un órgano en el que están representadas la mayoría de las asociaciones e instituciones relacionadas con la atención a las personas en situación de Dependencia».
La Dirección de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia recuerda que «gracias a la aplicación de esa Orden de Dependencia de 2013 en Castilla-La Mancha hay hoy 9.220 más personas en situación de dependencia recibiendo algún tipo de servicio residencial o ayuda profesional de las que había en el año 2011. Además, el nivel de atención a cada persona dependiente es el más alto desde que se aprobó la Ley en el año 2006».
