El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha defendido hoy el proyecto de ley de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, calificándola como “una norma de gran calado social y económico”, con la que el Ejecutivo regional pretende mejorar la calidad de vida de los castellano-manchegos, “de acuerdo con el fomento de la práctica del deporte y la actividad física”.
Lo ha hecho en el transcurso de su comparecencia en las Cortes regionales, donde se ha debatido y votado la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al citado proyecto. Durante su intervención, el consejero ha insistido en que esta normativa, que derogará la ley de 1995, nace “fruto del consenso y el trabajo en equipo de todos los representantes del sector del deporte en nuestra comunidad autónoma”.
Deporte como factor para crear igualdad y mejorar la calidad de vida
Tal y como ha reconocido Marín, “desde el primer minuto” fue voluntad de la presidenta Cospedal que la Administración regional adoptara, a través de una norma con rango de ley, las medidas oportunas que garantizasen que el deporte en nuestra comunidad autónoma fuera un factor que contribuyese a crear igualdad entre los ciudadanos, que su práctica sea un elemento de mejora de la calidad de vida de los mismos, y que se adaptase a las necesidades actuales que demandan los profesionales”.
El resultado de todo ello llegó tras mantener numerosas mesas de trabajo y reuniones con los representantes de diferentes entidades e instituciones, entre otras el Consejo Regional de Deportes, federaciones deportivas, facultades de Ciencias del Deporte y de Educación de la UCLM, ayuntamientos, diputaciones provinciales, colegios oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física. Todas ellas, ha resaltado Marín, “han aportado su granito de arena para que esta este proyecto de ley sea una realidad”.
Derechos y obligaciones
Es por ello que –haciéndose eco de las necesidades y preocupaciones del sector del Deporte en nuestra región, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha plasmado en la futura ley la delimitación competencial entre los niveles administrativos -autonómico, provincial y local-, un régimen organizativo de la práctica de la actividad física y el deporte en diferentes ámbitos, los derechos y obligaciones y las medidas de promoción de los deportistas de alto rendimiento.
Asimismo, regula las entidades deportivas y establece un Registro de Entidades Deportivas, recoge igualmente una clasificación de las infraestructuras para su futura construcción en centros educativos y crea un censo de las mismas.
La normativa prevé la creación del Consejo de la Actividad Física y el Deporte de nuestra comunidad, un órgano de participación de las entidades públicas y privadas, que tendrá cabida también para sectores sociales con interés en la organización y promoción del deporte.
Una ley de todos y para todos
“Una ley de todos y para todos” ha definido el consejero, quien ha destacado “como uno de los aspectos que más interés ha suscitado por parte del sector el capítulo dedicado a la jurisdicción”, reconociendo a la Junta de Comunidades la potestad administrativa sancionadora y estableciendo un régimen de aplicación y conductas tipificadas con su sanción correspondiente.
También ha incidido Marín en la “repercusión directa” que tendrá la futura ley en las 900.000 personas que practican de forma habitual actividad física y deporte, en las 130.000 personas con licencia de las 41 federaciones deportivas de Castilla-La Mancha, así como en los 6.000 clubes deportivos y más de 600 empresas vinculadas a la actividad física y el deporte en nuestra región.
El titular de Deportes se ha mostrado sorprendido por la actitud del Grupo Socialista, por poner en duda la financiación que conlleva el proyecto de ley. “Todo ello después de que el Gobierno del PSOE dejase más de 14 millones de euros en deudas en el ámbito deportivo”, un dinero que “hemos tenido que pagar entre todos”.
Pese a la “actitud hipócrita del PSOE”, Marín ha instado al consenso entre ambos grupos políticos, con el “único objetivo de mejorar la práctica del deporte y la actividad política por encima de nuestras diferencias políticas. Se trata de que ejerzamos como portavoces del sector y ejercer como legítimos representantes de los ciudadanos”, ha concluido.
