El sindicato CSI·F ha pedido al Defensor del Pueblo que interponga recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, ya que considera que el artículo que reduce las retribuciones a los empleados públicos en un 3%, «sin parangón en el resto de España», es «inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad recogido en los artículos 14 y 41 de la Constitución Española de 1978».
En una nota, CSI·F pide a Cospedal que «cumpla su promesa, cuando afirma que ha llegado el momento de devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho durante la crisis» y le recuerda que el 13 de agosto de 2012 se publicó la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, que establecía en su artículo 5. Retribuciones, que “la cuantía del complemento específico y conceptos asimilados que perciba el personal funcionario y eventual que desempeña funciones retribuidas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se reducirá en un 10%, hasta un máximo del 3% del salario bruto individual, respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2011”.
El sindicato denuncia que «esta medida excepcional no ha sido corregida en los años posteriores en las Leyes de Presupuestos de Castilla-La Mancha y ha vuelto a aparecer -por cuarto año consecutivo- en la Ley de Presupuestos para 2015, a pesar de que se ha superado la crisis económica que se padecía en el momento de ser redactada la Ley 1/2012, lo cual supone una discriminación y un agravio comparativo frente a otros empleados públicos, ya que ante situaciones iguales se da un trato desigual».
10.000 firmas a la Junta
CSI·F ha presentado más de 10.000 firmas, «realizado denuncias públicas en múltiples ocasiones, llevado a cabo concentraciones en todas las provincias y defendido ante los grupos parlamentarios del PP y del PSOE la injusticia de esta sangría económica reiterada hacia uno de los colectivos más castigados por la crisis y que única en las administraciones públicas españolas».
El sindicato independiente señala que Cospedal «debe cumplir su palabra y le pide que devuelva a 70.000 empleados públicos lo que les sigue quitando año tras año, porque ya está bien de cuadrar las cuentas de la JCCM con los salarios de funcionarios y laborales».
CSI·F indica que «esta brutal medida salarial -junto a otras como la retirada de la Extra de Navidad de 2012- supone para los 70.000 empleados públicos de Junta y UCLM, una pérdida de poder adquisitivo superior al 30% en los últimos años, e inaceptable en un escenario en el que, según declaraciones de la propia Cospedal, el crecimiento económico llegará al 2’8% este año, estará por encima de la media nacional y nos convertirá en una de las regiones de toda Europa que va a crecer más”, concluye.
