Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha enviado una nota a los medios en la que vincula a altos cargos de Agricultura en Ciudad Real con cotos de caza bajo su jurisdicción, al hilo de la petición de rectificación realizada por los propios altos cargos a una nota de prensa incorporada a la web de la asociación ecologista.
En una nueva nota, Ecologistas señala que «máximos responsables políticos a nivel provincial» de la caza han ejercido esta función «aun cuando tienen unos intereses evidentes en la caza en la misma provincia en la que se les nombró como titulares de la Consejería».
Reproducimos en su integridad la nota de Ecologistas:
Ecologistas en Acción ha recibido de la coordinadora de los servicios periféricos de Agricultura en Ciudad Real, Dª Pilar Vargas, y del hasta hace poco coordinador de los servicios periféricos de Agricultura en Toledo, D. Miguel Sáez, sendos escritos en los que solicitan que sea rectificada una nota de prensa incorporada a la web de nuestra asociación. En concreto la nota se hacía eco de un comunicado de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha bajo el título “Conflictos de intereses y relaciones privilegiadas alimentan la Ley de Caza de Castilla-La Mancha” y hacía alusión a una información de un medio de comunicación.
Aun cuando Ecologistas en Acción considera que en dicha nota no hay motivo alguno para la rectificación solicitada, la asociación ha considerado oportuno dar publicidad a tales escritos y valorarlos, pues lejos de lo que pretenden los remitentes de los mismos, clarifican lo esencial de lo publicado en la prensa y evidencian su vinculación con fincas donde se realizan actividades cinegéticas dentro del ámbito de su jurisdicción.
Como se puede observar en los escritos, tanto Pilar Vargas como Miguel Sáez tienen o, en el caso del segundo, han tenido durante el ejercicio de sus funciones en la Consejería intereses directos en fincas familiares en las que se practica la caza. En el primer caso como cónyuge del titular de la finca Castaño Oeste en Brazatortas y cuñada del titular de la finca Castaño Este. En el segundo como copropietario, hasta en un 7% según señala, de la finca Dehesa los Robledillos en Los Yébenes de la que su familia es dueña.
En ambas fincas se practica la caza, por lo que cuentan con el oportuno plan técnico que deben aprobar y vigilar los servicios de la Consejería de Agricultura que ellos dirigen. Además el Sr. Sáez reconoce que la caza de la finca familiar se arrienda, por lo que cabe inferir un rendimiento económico. En el caso de la finca del cónyuge de la Sra. Vargas, se alude a que la caza mayor no se vende, pero se omite especificar nada respecto de la caza menor.
Del resto de detalles que se señalan en los escritos sólo cabe decir que matizan la información periodística, pero de ellos no se hizo eco Ecologistas en Acción por lo que no cabe en esta nota hacer alusión a ellos.
Lo esencial es que los altos cargos citados, máximos responsables políticos a nivel provincial de la caza ejercieron, en el caso del Sr. Sáez, y ejercen, en el caso de la Sra. Vargas, esta función aun cuando tienen unos intereses evidentes en la caza en la misma provincia en la que se les nombró como titulares de la Consejería.
A la vista de los hechos reconocidos por estos altos cargos y de la evidencia de que su relación con entidades cinegéticas tiene que ser necesariamente directa y habitual como lo atestiguan las numerosas reuniones y actos sociales en los que han coincidido, es lógico sospechar, como se hace en la nota publicada en nuestra web, que conflictos de intereses y relaciones privilegiadas han podido alimentar la redacción de la Ley de Caza.
Señalar a este respecto que ambos coordinadores, como no puede ser de otra forma, han participado de las reuniones y consultas internas realizadas por la Consejería para redactar el texto de la Ley. Y que Pilar Vargas es la jefa directa del redactor principal de la misma, D. Luis Basurto, a quien ha rendido ella misma reconocimiento público por este motivo.
Por último, llama la atención la ausencia de otros escritos de rectificación de cargos y funcionarios de la Consejería citados en el artículo publicado en la prensa y motivo de esta polémica. Sobre todo de D. Jose María Toledano, máximo responsable técnico de la caza en Ciudad Real y jefe directo de D. Luis Basurto, coordinador de la redacción de la Ley, al cual se le atribuye la titularidad de otra finca donde se practica la caza en la misma provincia donde ejerce sus funciones.
Ecologistas en Acción reitera la necesidad de que la Consejería aclare todas estas situaciones, explique cómo han incidido en la redacción de la ley y, lo que es más importante, que se fijen desde ya criterios de incompatibilidad que impidan este tipo de conflictos.
Estamos aquí ante un motivo más para rechazar la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que por desgracia está a punto de aprobarse, ya que mañana se ha incluido este tema en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.
