Cerca de 200 trabajadores de la empresa Tragsa en Castilla-La Mancha se van a ver favorablemente afectados por la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha declarado que el convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria TRAGSA S. A. se mantiene en vigor frente a las pretensiones de esta empresa pública de anular su vigencia, dejando así desprotegidos a alrededor de 6.300 trabajadores distribuidos en toda España.
En una nota, CSI·F se felicita de esta sentencia, que considera de referencia para las empresas del sector público, en lo que se refiere a la aplicación de la reforma laboral, «ratificando la labor de CSI·F y evitando la desprotección de los trabajadores sobre los que todavía pende la amenaza de un ERE».
«La sentencia da la razón al conflicto colectivo presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F y otros sindicatos representados en la empresa, manteniendo la ultraactividad del convenio frente a la aplicación de la Reforma Laboral en lo relativo a la pérdida de vigencia de un convenio, transcurrido un año desde su denuncia sin que hubiera habido pacto entre empresa y trabajadores», señala.
Posición contradictoria
La Audiencia Nacional destaca también el hecho de que TRAGSA tomó la decisión de mantener el convenio unilateralmente de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2014, señalando que esta posición es contradictoria con la pretensión actual de anular la vigencia.
De hecho, la dirección de la empresa basaba su decisión de no reconocer la vigencia del convenio de TRAGSA, por su interpretación de la citada reforma. La Audiencia Nacional ha fallado a favor de los trabajadores estableciendo, además, la ilegalidad de las comunicaciones emitidas por la empresa.
