La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) «ha unido sus esfuerzos contra la futura Ley de Montes», tras la celebración de la VI Asamblea que APAM ha organizado en la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan, en la que ha sido elegida la candidatura encabezada por Rubén Cabrero, informa la asociación en una nota.
El presidente, que continúa su mandato tras haber sustituido a Luis Díaz Villaverde tras ser elegido presidente de la Asociación Nacional, ha unido las voces de todos los profesionales que coinciden en destacar el “grave” perjuicio que supondría para Castilla-La Mancha la aprobación de la modificación de la Ley Nacional de Montes que pretende “relegar” a 6.400 profesionales a la categoría de auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local) en la investigación de delitos medioambientales.
Según APAM, entre otros muchos, quedarían sin investigar un alto número de delitos por incendio forestal, edificaciones en espacios protegidos, delitos contra especies protegidas o el maltrato animal, cuya cifra está subiendo exponencialmente.
Y es que, desde APAM-CLM explican que «la nueva Ley les impide llevar ante los Juzgados cualquier delito medioambiental, ya que, según el borrador de la ley , no podrán redactar ni presentar atestados ante el Órgano Judicial o Ministerio Fiscal». Según los Agentes, la relación entre ellos y la Fiscalía se establece a través del atestado, por lo que esta ley les impediría llevar ante los tribunales a los delincuentes medioambientales, favoreciendo su impunidad.
Para APAM resulta “incompresible” que la Policía Medioambiental más especializada y numerosa con la que cuenta nuestro país no pueda ejercer la función para la que ha sido encomendada, por lo que todo parece indicar que “detrás de esta ley hay intereses ocultos que esperamos, vean la luz dentro de poco ante la opinión pública”.
“La tarea de investigar delitos medioambientales ha sido ejercida por este colectivo desde hace ya 140 años con excelentes resultados y múltiples sentencias condenatorias en diferentes materias, dato avalado año tras año por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en sus informes, donde siempre destaca su apoyo a la figura del Agente Medioambiental como Policía Judicial”, insiste APAM.
Una de las conclusiones extraídas en la VI Asamblea de APAM se basa en que si el objetivo es reservar las funciones de Policía Judicial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “que los Agentes Medioambientales estemos incluidos en ellas”.
“Es contraproducente modificar una ley para excluir de sus funciones a 6.400 funcionarios públicos pudiendo modificar otra que les refuerce y les permita ejercerlas con una seguridad jurídica mayor, circunstancia que beneficiaría al interés general. Nuestra sociedad necesita más policías en su naturaleza, nuestro Gobierno quiere menos”, aseguran desde APAM.
Para la Asociación, “no sería una gran novedad, ya que las funciones asignadas a los Agentes Medioambientales en su tarea de policía del Medio Ambiente difieren poco o nada de las que ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
