José Fernando Sánchez Bódalo y Benito Montiel Moreno.- Por medio del presente escrito y para su conocimiento y efectos, quiero comunicarle y denunciar que se está difundiendo una información falsa. En efecto, en el día de ayer el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan mediante Nota de Prensa Oficial informaba literalmente que «la próxima semana tendrán que declarar como imputados José Fernando Sánchez Bódalo, Benito Montiel, Javier Azaña y dos técnicos municipales.».
Igualmente, en Rueda de Prensa el concejal Ormeño, manifestaba que » la próxima semana, concretamente los días 24 y 25 de febrero, están llamadas a declarar las cinco personas imputadas en este asunto: José Fernando Sánchez Bódalo, Benito Montiel, Javier Azaña y dos técnicos municipales.»
Ante esta información ofical y manifestaciones del concejal informarles que Jose Fernando Sanchez Bódalo, Benito Montiel ni ningún otro técnico municipal están citados a declarar los días 24 ó 25 de febrero ni en ningún otro momento.
Comprobar este dato es tan sencillo como solicitar al organismo o concejal que difunde esa información el Auto de citación de las citadas personas.
Es una información tan falsa como burdo el intento de utilizarla para dar «fiabilidad» a las acusaciones que se vierten por parte del ayuntamiento y concejal contra sus adversarios políticos.
En este mismo sentido, resulta particularmente grotesco que todas las conclusiones que utiliza el Ayuntamiento de forma oficial y el concejal en relación a la facturación de Aguas de Alcázar responden a un Informe Pericial (realizado exclusivamente con la documentación aportada por el querellante -PP y CxA-) que se encuentra pendiente del trámite de su contraste con la información y conocimiento real de los hechos, que representan los querellados y en particular el anterior administrador de Aguas de Alcázar.
Es obvio que hasta después de ese trámite no se pueden extraer conclusiones ni realizar acusaciones como lo hace la Nota Oficial del Ayuntamiento y las manifestaciones del Concejal, en un claro intento de «influir» a priori en las decisiones judiciales y de «aniquilar la reputación» de sus adversarios políticos que se ha convertido en la única seña de identidad del actual Gobierno municipal de PP y CxA.
