La diputada regional y secretaria de organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, considera que “por mucho que Cospedal pretenda escurrir el bulto con el fracaso del ATC (Almadén Temporal Centralizado) y con la dimisión de Gil-Ortega al frente de Enresa, es su responsabilidad”.
«Un fracaso doble, el del aún presidente de la empresa nacional de residuos nucleares encargada de construir el cementerio nuclear en el municipio conquense de Villar de Cañas y el de la presidenta de Castilla-La Mancha por empeñarse en este proyecto pese a tener la peor ubicación posible al asentarse en unos terrenos que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias, como así ha puesto de manifiesto el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con un informe duro y contundente», señala Fernández. «Dudas sobre la idoneidad de los terrenos por cuestiones de seguridad, por el sobrecoste que conllevaría la modificación del proyecto y por el acuífero existente en la zona de actuación en una batalla que desde las filas socialistas considera que ha ganado la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáez de Santamaría, en su guerra abierta que mantiene con Cospedal», remacha.
Fernández contextualiza la marcha de Gil-Ortega en su nombramiento «pese a ser una persona son experiencia y sin cualificación para el cargo, tanto que se empecinaba en adjudicar una obra de 217 millones de euros sin el visto bueno del CSN”, a lo que se suman “adjudicaciones en entredicho, una de ellas por importe de 30 millones a la compañía de la que es consejero Ignacio López del Hierro, a la sazón marido de la propia Cospedal».
«Tres años perdidos» de un proyecto que para Fernández «tiene la buena noticia de que aún no se ha construido una infraestructura a la que desde el principio se opuso el Partido Socialista».
Blanca Fernández reprocha por último las “colocaciones a dedo” que se llevaron a cabo en el ATC de Villar de Cañas, empezando por la de Francisco Gil-Ortega y las 68 que con posterioridad realizó el ex alcalde de Ciudad Real, «aunque la polémica no se queda aquí si se tienen en cuenta los 160.000 euros año que se ha estado embolsando Gil-Ortega, el aumento de 3 a 7 miembros en el comité de dirección o los gastos en dietas y viajes sin facturas que desveló un medio de comunicación y que acabó con el despido del responsable auditor de la empresa pública Enresa».
