Los presidentes de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y Aproca, Juan de Dios García y Luis Fernando Villanueva, respectivamente, han anunciado que ambas organizaciones van a recurrir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) relativas a la Orden de Vedas de 2011 y al Decreto 257/2011.
La Federación de Caza y Aproca consideran también necesario aclarar algunos aspectos relativos a esta sentencia dados a conocer ayer por la organización Ecologistas en Acción.
Según han explicado, en un comunicado ambas organizaciones, es necesario que los cazadores sepan que este pronunciamiento judicial “no es firme” y que han presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), como así les consta, también ha realizado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Estas entidades también han querido aclarar que la sentencia “no prohíbe, sino que declara nulos ciertos artículos de la orden de vedas de 2011”.
Por otro lado, en cuanto a lo declarado por una de las sentencias respecto a la caza de especies exóticas, han indicado que la caza del muflón no está en peligro dado que, después de esa orden de vedas, el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente consideró que esta especie no tiene la condición de exótica invasora en ninguna comunidad autónoma de España, excepto en Canarias.
Respecto a la media veda, estas organizaciones han afirmado que efectivamente la sentencia declara que tanto la tórtola como la paloma torcaz su caza debe comenzar después del 20 de agosto, pero los ecologistas, han dicho, “olvidan que este hecho ya se está produciendo en la actualidad desde el año 2012, con lo cual no tiene efecto alguna sobre estas especies”.
En cuanto a los periodos de caza de la codorniz y de la perdiz con reclamo, cuestionados en la sentencia, Aproca y la Federación confían que el Supremo tenga en cuenta las argumentaciones técnicos jurídicas desarrolladas en el recurso.
Además, recuerdan que esta modalidad ya fue puesta en tela de juicio en una carta de emplazamiento por parte de la Comisión Europea, que fue contestada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y cuyos argumentos fueron aceptados por la propia Comisión.
Estas dos asociaciones, que luchan por los intereses de los cazadores, han criticado la sentencia, dado que dicen, «se han tenido en cuenta informes y estudios realizados por los propios grupos ecologistas, absolutamente dirigidos y sin base científica, carentes de trabajo de campo y no actualizados».
Por otro lado, han lamentado que no se hayan tomado en consideración los desarrollados por equipos de investigación independientes y que fueron presentados en el proceso judicial por la Junta, Aproca y la Federación de Caza.
Finalmente, el sector cinegético ha vuelto a censurar la actitud de Ecologistas en Acción, organización que, han apuntado, “no es consciente de las graves consecuencias que todas y cada una de sus actuaciones tienen para miles de familias en el medio rural”.
