La concejala Carmen Soánez ha recordado que, durante el pasado pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, el equipo de gobierno del Partido Popular rechazó una moción presentada por Izquierda Unida que recogía las demandas de las plataformas de afectados de hepatitis C. El otorrinolaringólogo Eduardo García del Castillo ha reclamado que, cuando esté en juego la salud y la vida de los ciudadanos, se intervenga desde el ámbito municipal para evitar los «abusos», como en este caso, de la industria farmacéutica.
Respecto al controvertido medicamento Sovaldi, Eduardo García del Castillo ha señalado que siempre que surge una novedad en el ámbito médico genera mucha confusión y que, por otro lado, no está clara la efectividad de este tratamiento. «Se sabe que reduce e incluso elimina la carga viral pero no está demostrada la curación de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que la hepatitis C es un proceso crónico que conduce a una cirrosis o a un cáncer al cabo de veinte o treinta años de padecer la enfermedad».
Según ha indicado este facultativo, se calcula que los enfermos de hepatitis C en todo el mundo oscilarían entre 150 y 200 millones de personas, y en España alrededor de 350.000.
García del Castillo ha subrayado que, aunque es lícito que la industria farmacéutica busque hacer negocio, «en determinadas circunstancias no se puede abusar como ocurre con el caso de este medicamento». Ha reclamado que debe salir al mercado a un precio razonable. Obtener esta molécula, según ha indicado, cuesta alrededor de 300 euros, mientras que la aplicación del tratamiento podría ascender a entre 40.000 y 70.000 euros. Por ello, ha abogado por poner freno a estos «abusos». Por otro lado, ha comentado que la India ha ofrecido el genérico a un precio «irrisorio». En respuesta, la industria farmacéutica «ha tomado medidas contra un país como la India que produce genéricos, por ejemplo, en España, retirando 29 medicamentos». Ante esta situación ha incidido en la necesidad de que los gobiernos negocien para atajar cualquier intento de fijar precios abusivos.
«Gilead, que es la industria responsable de Sovaldi, no produce la molécula, sino que la compró en el mercado. Es la misma que sacó el Tamiflu, el antiviral de la gripe A, con la que hicieron grandes negocios», recuerda Eduardo García del Castillo. Asimismo, ha señalado que el mayor accionista de Gilead es Donald Rumsfeld, el que fuera secretario de Defensa del Gobierno de George W. Bush.
Por otro lado, este facultativo ha puesto en duda el criterio del comité de expertos que determinará si el medicamento es útil o no, ya que al parecer «tienen conflictos de interés con la industria, en concreto con Gilead». Una circunstancia que le lleva a cuestionar su objetividad.
«No podemos permitir que haya una sanidad para ricos que se puedan costear la medicación y otra para pobres -añadía-. Lo único que puede garantizar protección a la ciudadanía es contar un sistema sanitario público que vigile, que controle y con unas autoridades que pongan freno a la voracidad de la industria farmacéutica».
Moción rechazada en el pleno
Carmen Soánez ha recordado que el equipo de gobierno del Partido Popular rechazó en el pleno ordinario de enero celebrado el pasado viernes la moción que el grupo de Izquierda Unida presentó en defensa de las reivindicaciones de las plataformas de afectados por esta enfermedad. En dicha moción, entre otras cuestiones, se pedía reforzar la investigación pública y que todos los enfermos tengan acceso al tratamiento y no sólo los casos más graves. «Lejos de desarrollarse los tratamientos desde el sector público y con recursos del estado para que sean asequibles a todas las personas que lo necesiten, las farmacéuticas actúan siguiendo el mero interés económico, tratando de hacer negocio», ha criticado la concejala.
Balance tras los recortes
Por último, Eduardo García del Castillo ha hecho balance de los últimos cuatro años en el ámbito sanitario. «El panorama es bastante deplorable», ha sentenciado, destacando el «importante» recorte de personal, tanto sanitario como no sanitario; «recortes que repercuten en la salud de los trabajadores». En este sentido, ha denunciado que no se cubren la bajas laborales, ni las plazas de los facultativos y otros profesionales que se han ido jubilando.
Por otro lado, ha asegurado que las medidas que se han tomado en Atención Primaria repercuten directamente en el Hospital General de Ciudad Real. Y ha puesto como ejemplo los episodios de saturación del servicio de Urgencias que se han producido durante las últimas semanas a causa de los brotes de gripe. «En Atención Primaria no tienen sustituciones ni por enfermedad ni por vacaciones». Cuando un paciente no consigue que le den cita en un plazo razonable de tiempo para su médico de cabecera acaba acudiendo a Urgencias, ha explicado.
Asimismo, ha puntualizado que todos los recortes en Sanidad repercuten negativamente en la salud de la ciudadanía. Según García del Castillo, existen estudios que correlacionan la intensidad de los recortes con el aumento en la probabilidad de muerte.
Por último, ha comentado que las decisiones políticas en cuanto a los nombramientos en las jefaturas de determinados servicios del Hospital de Ciudad Real han provocado «un descontento generalizado».
