La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) aseguró hoy que “la rebaja a auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su condición de Policía Judicial que se pretende llevar a cabo con la nueva Ley de Montes nacional supondrá un mayor gasto para las arcas públicas al no poder realizar el trabajo que venimos ejecutando desde hace 137 años, trabajo que incomprensiblemente deberán asumir otros colectivos con menos experiencia en la materia”.
Asimismo, añaden que el propio Informe Cora que elaboró el gobierno Central para la reforma de las Administraciones recoge que el ahorro de esta medida es de cero euros.
Esta rebaja en la condición de estos funcionarios públicos generaría que para realizar cualquier diligencia en la investigación de delitos contra el Medio Ambiente, la flora o la fauna, tuviesen que intervenir al menos dos colectivos, cuando en la actualidad interviene uno sólo, por lo cual, se estaría generando una duplicidad en la Administración y un retraso en las actuaciones, que deben llegar al Juez en el menor tiempo posible. Si esta modificación de la Ley llegase a aprobarse, supondría un aumento exponencial en la carga de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tendrían que asumir funciones que hasta ahora desarrolla otro colectivo especializado en la materia. Este hecho cobra mayor relevancia cuando en estos últimos años y debido a la crisis han visto reducido su número de efectivos y, sin embargo, el número de actuaciones relativas a la Seguridad Ciudadana (especialmente los robos) aumentan notablemente.
Desde APAM-CLM aseguran que esta modificación “podría ser anticonstitucional”, ya que la Carta Magna indica claramente en su artículo 126 que la Policía Judicial depende directamente de los jueces y del Ministerio Fiscal, en ningún caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Temen, además, que lo que en la futura Ley de Montes se vende como una medida de “coordinación” se trate en realidad de una primera medida encaminada a la privatización de los servicios de vigilancia en el Medio Ambiente, consistente en rebajar la capacidad jurídica de los funcionarios públicos que la ejercen para equipararlos así a la seguridad privada.
Durante los últimos años, los Agentes Medioambientales han resuelto con éxito investigaciones relativas a delitos por incendio forestal, envenenamientos de fauna, vertidos contaminantes a cauces públicos, edificaciones en zonas protegidas…y este trabajo ha sido públicamente reconocido por jueces y fiscales, opinión que no se ha tenido en cuenta al redactar el Proyecto de Ley de Montes. “Consideramos que este proyecto de ley es contrario al interés general por incapacitar a los Agentes para continuar realizando este tipo de actuaciones”.
La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) está valorando también la posibilidad de iniciar movilizaciones a nivel nacional, que serán respaldadas por los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha en aras a garantizar que “nuestro Medio Ambiente siga contando con un máximo nivel de protección”.
