Comunicado sindical.- Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) inician un proceso de movilizaciones en protesta por el déficit de las plantillas, la elevada carga de trabajo y la asunción de funciones cualificadas sin la debida contraprestación de las personas que gestionan las prestaciones de los ciudadanos.
Este déficit de plantilla afecta también y de manera muy especial a las oficinas de Empleo y Emprendedores de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real, en donde y a pesar de haberse incrementado el número de parados en la provincia, ha descendido el número de trabajadores que les atienden directamente, en oficinas como las de Daimiel, Manzanares, Piedrabuena y otras.
Es especialmente grave la situación de la oficina del SEPE en Almadén, donde la plantilla ha quedado reducida a una sola persona, lo que evidencia que este servicio tan esencial no puede atenderse correctamente con una estructura cada vez más mermada y debilitada.
Ante esta situación general, los sindicatos más representativos preparan un calendario de movilizaciones, que comenzarán con una primera fase informativa, dirigida a concienciar de este problema y una segunda fase, que se iniciará en marzo, con paros y hasta una huelga, si el Gobierno no ofrece una solución.
Las necesidades de plantilla se han visto puestas a prueba otra vez con la reciente creación de la nueva prestación a parados de larga duración, lo que nos ha llevado a los sindicatos a dar un paso más y arrancar un proceso de movilizaciones.
Pese a que el número de parados se ha incrementado en 2,8 millones en los últimos ocho años, la plantilla de los Servicios Públicos de Empleo Estatal se mantiene invariable en 10.000 personas, 6.500 de ellas en contacto directo con los ciudadanos en las 711 oficinas de toda España.
440 desempleados por funcionario
Esto supone una media de 9 trabajadores por oficina y 440 desempleados por empleado público, a los que se les atiende en una media de 10 minutos por persona, como ocurre por ejemplo con los médicos de Atención Primaria.
Los datos demuestran la tremenda debilidad de estructura de un servicio que debe asumir más de 25 millones de consultas ciudadanas presenciales (cada efectivo responde a una media de 5.300 atenciones ciudadanas anuales), gestionar 11 millones de solicitudes de prestaciones por desempleo y administrar 30.000 millones de euros de presupuestos.
Una función estrictamente técnica, reservada a cuerpos y escalas del funcionariado cualificado, está siendo asumida por personal auxiliar administrativo por carecer el organismo de esa plantilla cualificada.
Esta situación supone un nivel de estrés en muchos casos insoportable ante la desmedida responsabilidad de gestionar una prestación económica de carácter fundamental, con un nivel de compensación tremendamente injusto desde el momento en el que cualquier trabajador del SEPE tiene unas percepciones económicas un 23% inferiores al de otros ámbitos administrativos del propio ministerio de Empleo que realizan una tarea similar.
