El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha anunciado la aprobación de un reglamento en materia de carreteras y caminos que aporta “seguridad jurídica, claridad y flexibilidad en los trámites a los ciudadanos”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado la aprobación del decreto por el que se da luz verde al Reglamento de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, adaptado esta normativa a la Ley de Carreteras del año 1990.
El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha asegurado que este decreto era “largamente esperado”, puesto que la normativa existente era “difusa”, al no existir “homogeneidad y unidad de criterios” entre las cinco provincias, lo que generaba “situaciones completamente distintas en una misma región”.
Característica de la normativa
Uno de los aspectos más importantes que aporta esta nueva norma, según ha declarado el consejero, es que “ahorrará solicitudes y gastos para las personas que se dirijan a la Administración”. En este sentido, ha puesto como ejemplo la regulación de la consulta previa a la Administración, gracias a la cual los ciudadanos conocerán -con carácter previo al inicio formal de una tramitación- si lo que están demandando puede ser viable o no.
Por otra parte, el portavoz del Gobierno regional ha asegurado que con la nueva norma “los ciudadanos conocerán sus derechos a la hora de saber cómo utilizar las vías de comunicación de Castilla-La Mancha de manera clara y regulada por la ley, alejándose de cualquier tipo de interpretación por parte de los gestores públicos”.
Otra de las novedades es que con la nueva ley, “quienes quieran crear un negocio vinculado a una carretera saben que tendrán el mismo trato en las cinco provincias castellano-manchegas”, al tiempo que “tendrán un régimen más flexible a la hora de otorgar las licencias que permitirán accesos desde nuestras vías públicas hasta los lugares donde instalen su empresa”.
Por otro lado, el consejero ha asegurado que los accesos colectivos -como una urbanización de viviendas- pasarán a tener un régimen de mayor atención frente a los accesos individuales, que van a ser menos estrictos. En definitiva, “se trata de una norma muy elaborada que ha contado con la implicación de los sectores de la sociedad”, ha concluido el consejero.
