La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marta García, ha recalcado que, a lo largo de la legislatura y “fruto del esfuerzo y del trabajo realizado” por el Ejecutivo presidido por María Dolores Cospedal, se han adjudicado 1.334 viviendas de promoción pública en toda la región, destinadas “a las familias castellano-manchegas que más lo necesitaban”. En el caso de la provincia de Ciudad Real se han entregado un total de 468 viviendas.
Un importante esfuerzo por todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo y porque, además, “había muchas viviendas que estaban desocupadas”, en palabras de Marta García. Con los cambios de calificación y la labor de rehabilitación, ha explicado, se está logrando “que los ciudadanos puedan disfrutarlas”.
Tal y como ha explicado la titular de Fomento, la entrega de viviendas se realiza siguiendo el orden de antigüedad del registro de demandantes y “priorizando a aquellos colectivos que merecen una atención preferente”, como las mujeres víctimas de violencia de género o las familias monoparentales con menores a su cargo.
A juicio de la consejera, que ha hecho entrega hoy de ocho viviendas de promoción pública en el municipio ciudadrealeño de Manzanares, se trata de una muestra más del apoyo decidido del Gobierno de la presidenta Cospedal a las políticas sociales: la entrega de viviendas en buen estado de habitabilidad a las familias castellano-manchegas que más dificultades tienen a la hora de acceder a un hogar.
Marta García ha subrayado que, antes de poner estas viviendas a disposición de los ciudadanos, se realiza una inversión en rehabilitarlas, que en el caso de Manzanares ha supuesto un coste de 30.000 euros, para que estas familias disfruten de unos hogares cómodos y con unas garantías de habitabilidad y bienestar.
Las viviendas que ha entregado hoy la consejera de Fomento tienen una superficie que va desde los 50 hasta los 80 metros cuadrados, con un precio de alquiler mensual que oscila entre los 90 euros -para las viviendas de un solo dormitorio- a los 140 euros -para las viviendas más grandes-, que será revisado en función de los niveles de renta, hasta incluso alcanzar una rebaja del 50 por ciento del precio. Además, aquellas familias que disponen de las viviendas propiedad de la Junta de Comunidades y que estén atravesando dificultades económicas, tienen la posibilidad de aplazar el pago de las rentas del alquiler hasta un plazo de cinco años.
En definitiva, con todas sus acciones e iniciativas –ha enfatizado la consejera- el Gobierno regional seguirá trabajando “con el mismo empeño e intensidad para hacer de la vivienda sea una verdadera política social, donde garanticemos que los ciudadanos que menos tienen puedan acceder a un hogar”, poniendo a su disposición viviendas de promoción pública, rehabilitándolas y facilitando el alquiler a través de las correspondientes ayudas.
