Los ciudadanos, en su mayoría, consideran que España no está tutelada por una verdadera democracia.
Puesto que la falsa democracia, implantada en España tras la dictadura, se encuentra en la actualidad tan desvirtuada como desfasada. Y por tanto, deja desamparados a los españoles frente a la omnipotencia del Estado y los dos grandes partidos políticos.
Tanto es así que nuestro ordenamiento jurídico, acotado en la Constitución, únicamente se respeta cuando le conviene a los intereses del corrupto bipartidismo.
Y el pseudo Estado de Derecho español, elevado a los altares de forma hipócrita por el PP-PSOE, está en posición de jaque mate debido a que la ausencia de separación de poderes ha derivado en la diferenciación de dos clases de justicia en España.
Una justicia implacable para los ciudadanos. Y otra justicia light para la oligarquía político-sindical, la élite financiera y la Monarquía.
Estas antidemocráticas reglas de juego han provocado un clima de injusticia social y desigualdad económica cuyos damnificados son los parados, las empobrecidas familias de clase media, las quebradas pymes y los arruinados autónomos.
Aunque contradictoriamente, los causantes de la diferenciada y particular crisis que ha asolado a España (la enfermedad de nuestra economía tiene un origen político) se han enriquecido inmoralmente y en virtud de unos privilegios inmerecidos. Por supuesto, me refiero a la casta rancia integrada tanto por políticos bipartidistas como por sindicalistas de clase. Y a sus inseparables socios, los “financieros del BOE y amigos del poder”.
Esta es la nueva lucha de clases en España.
Consecuentemente, los españoles de bien que quieren labrarse un futuro se encuentran en la actualidad en una encrucijada. Porque como ha sucedido a lo largo de la historia, el inmovilismo de las clases explotadoras y extractivas choca contra la iniciativa regeneradora de los colectivos tiranizados.
En este sentido, el poder económico y la casta política están utilizando la ínfima y esperada recuperación económica como el caballo de Troya para mantener intacto el corrupto régimen político heredado de la Transición. Y lo peor de todo es que están ganando la partida porque han implementado, a tal efecto y a la medida de sus intereses, un nuevo y esclavista modelo económico en España.
Debido a ello, los españoles debemos poner en cuarentena los datos económicos suministrados por las instituciones públicas. Máxime, tanto en cuanto la tergiversación y manipulación de los mismos, vía ingeniería contable, se instauró en la etapa en la que Mafo era gobernador del Banco de España. Y hasta la fecha…
Se impone el “seiscientoseurismo”.
Seiscientos euros mensuales es el salario estándar al que aspiran los privilegiados jóvenes que acceden al mercado laboral privado. Mientras, por ejemplo, los “asesores” de los políticos siguen cobrando salarios insultantes. Y la media salarial en la Administración continuará siendo superior a la del sector privado.
Limosnas económicas del Gobierno para contentar a sus siervos.
La futura “Ley de la segunda oportunidad para los autónomos” no aborda los verdaderos problemas de este colectivo, convertido por el PP-PSOE en los nuevos esclavos fiscales y laborales del SXXI.
Igualmente, la insignificante subida de las prestaciones a los pensionistas (para ganarse su voto) es un insulto a nuestros mayores, que representan el sostén de la crisis española. Además, el nivel adquisitivo global de los pensionistas está bajando progresivamente.
El sector público autonómico seguirá devorando a la economía productiva.
Las pymes y los autónomos seguirán prestando vasallaje económico para que nuestra Administracíón autonómica y local pueda seguir malversando los caudales públicos. Recordemos que las futuras generaciones de españoles están hipotecadas antes de nacer en virtud de una impagable deuda pública creada por la casta.
La prueba más evidente la tenemos en la condonación, por parte de Montoro, de las deudas fiscales a las comunidades autónomas que han incumplido el objetivo de déficit, todo ello, sin reducir el gasto público-político derivado de sus macro estructuras político-administrativas y las redes político-clientelares. La Taifa de Cataluña es la autonomía más beneficiada en relación a esta injusta política fiscal. Más dinero público para que Artur Mas pueda seguir financiando el independentismo.
Los españoles, utilizados como “paganinis” para mantener el suntuoso nivel de vida de la casta. La mayoría de los españoles pagará, globalmente, más impuestos en 2015 (a pesar de la rebaja del IRPF, “casualmente”, en año electoral) y serán más pobres.
Intervención total de la economía española por parte del poder político. El caso de la “ley Lasalle” (nueva Ley de Propiedad Intelectual) retrata la connivencia entre el Gobierno y determinados lobbys empresariales, en este caso, el de los editores. El parasitismo inherente a nuestro sistema está detrás de la huída de España de Google News.
A nivel político-judicial, nuevos parches gubernamentales para no despolitizar la justicia ni potenciar la transparencia.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acortará los plazos procesales de instrucción respecto a las “causas complejas” servirá para que los políticos corruptos no puedan ser investigados a fondo. Y la nueva “Ley de Transparencia” es una auténtica cortina de humo.
Ciudadanos fritos a impuestos y cada vez más empobrecidos al objeto de mantener un modelo político-económico corrupto, en el que una minoría subvencionada, clientelar y comisionista parasita al resto de españoles.
Los españoles no deben aceptar este malvado modelo económico-político. Para ello, es indispensable expulsar de la gestión pública a todas las generaciones de políticos herederos de la Transición, que han convertido la política en una profesión y han hecho de la corrupción su modus vivendi.
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
