EGCJ / Luis Mario Sobrino Simal.- Más de medio centenar de personas participaba esta tarde en la primera asamblea de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. En este primer encuentro, valorado por el colectivo como «muy positivo», se pretendía impulsar el grupo provincial, poner en contacto a personas interesadas e implicadas en la defensa de los servicios sociales públicos y dar los primeros pasos para crear un red de información que sirva para denunciar cualquier irregularidad o abuso ante la opinión pública.
Según explicaba Manuel Heredia, que ha ejercido de portavoz, la defensa de los trabajadores compete a los sindicatos y las cuestiones legislativas corresponden a los partidos políticos. La Plataforma aspira a ser un «complemento» de unos y otros, tratando de evitar el deterioro de los servicios sociales públicos a través de la denuncia. «No solo se acudirá a los medios, también se pretende recurrir a la Fiscalía en los casos en los que se detecten irregularidades».
En el transcurso de la asamblea se ha nombrado un comité de organización formado por siete personas que se encargará de cuestiones operativas y de gestionar el correo electrónico donde se recibirán las denuncias y quejas relacionadas con los servicios sociales.
Estrategias para justificar la privatización de servicios públicos
Desde la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales aseguran que, en varios centros dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se están llevando a cabo mecanismos para elevar el coste del servicio con el fin de «justificar» la privatización. «Hay centros, como la Residencia Guadiana o la Ciudad de Matrimonios de Ciudad Real, en los que faltan residentes a pesar de existir lista espera». En concreto, señalan que la Residencia Ciudad de Matrimonios Ancianos Nuestra Señora del Carmen se encuentra al cincuenta por ciento de ocupación con todo el personal en servicio. «Eso es claramente para aumentar el coste por usuario y día, y justificar así que lo privado sale más barato, como ocurrió hace años con el centro de menores San Rafael de la capital», subraya Manuel Heredia.
Otro sistema que estaría empleando la Junta de Comunidades para deteriorar el servicio y justificar su «desvío» hacia lo privado, según la Plataforma, sería el empleado en la Residencia para Personas Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real donde, tal y como denuncian los sindicatos, «no se están cubriendo bajas ni vacantes«.
Heredia llamaba la atención sobre el hecho de que el centro Guadiana II, gestionado por IDC Salud, «esté al cien por cien de residentes mientras que el centro enteramente público, el Guadiana I, tenga capacidad para 140 residentes y sólo esté ocupado por 116. De hecho, del módulo I se han llevado residentes al módulo II y a una serie de pisos tutelados – servicio que presta la misma empresa-«. Desde este colectivo entienden que detrás de todo esto no hay sino una estrategia para desviar usuarios de lo público a lo privado.
