El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha informado esta mañana de la actividad que ha registrado la Oficina de Vivienda Joven, un servicio de intermediación e información que fue muy criticado por el sector de las agencias inmobiliarias y que comenzó a funcionar el pasado 1 de junio en el Palacio provincial con el objetivo de atender a una de las principales demandas que se plantearon en el Foro de la Juventud.
El presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción por los resultados de este recurso puesto en marcha por la institución provincial. No obstante, ha reconocido que se ha registrado un descenso en la demanda de los inmuebles de alquiler y que los propietarios ofertan viviendas a través de este servicio a un precio medio de 450 euros. En declaraciones a este digital, representantes de las agencias inmobiliarias de Ciudad Real acusaron a la Diputación de “competencia desleal” y denunciaron que detrás de la Oficina de la Vivienda solo existe “interés político”.
De Lara, que ha estado acompañado por el diputado provincial David Triguero durante su comparecencia, ha asegurado que aunque es corta la trayectoria de este nuevo servicio, las primeras estadísticas, pese a ser modestas, «apuntan a que su puesta en marcha ha sido un acierto porque se ayuda a muchos ciudadanos de la provincia con un servicio integral y permanente en materia de asesoramiento jurídico e hipotecario que ha gestionado 45 peticiones de supresión de cláusulas suelo y también a través de la bolsa de vivienda, desde donde se han resuelto 548 consultas».
De Lara ha recordado que el artículo 47 de la Constitución reconoce a los españoles su derecho a una vivienda digna y adecuada y que también establece que los poderes públicos deben procurar las condiciones necesarias y articular las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, que ha sido calificado por el presidente de la Diputación de «puramente declarativo», porque la realidad para muchas familias «es cruel y lacerante».
Ha explicado que a la Diputación le interesan las familias que están sufriendo en la provincia de Ciudad Real, y dentro de ellas, también las que tienen problemas con sus viviendas. Por eso cree que es importante la continuidad de la oficina. «No tenemos la solución a estos problemas, ni tenemos competencia, solamente nuestro compromiso con la gente que está sufriendo y con el mantenimiento de las políticas sociales, que son casi las únicas que hay en muchos casos, nos exige también continuar con la Oficina de Vivienda Joven en 2015 y durante el tiempo que sea menester», ha dicho.
En lo que se refiere a la bolsa de la vivienda, se orienta con carácter previo a la firma de cualquier contrato de alquiler, sobre la tramitación de la resolución del contrato, se media entre las partes y se atienden las consultas jurídicas que puedan surgir. De Lara ha remarcado, a este respecto, que no hay tasas ni precios públicos, por lo que no se les cobra nada a los ciudadanos, quienes en los últimos seis meses han realizado 548 consultas, de las que 248 han sido telefónicas. Se han celebrado, organizado y conseguido 93 contactos entre las partes y en la actualidad se ofertan 161 inmuebles. Otro dato facilitado es que la media diaria es de un encuentro y se han firmado 21 acuerdos. Se han producido, asimismo, 34 acuerdos externos. La media diaria en la Oficina de Vivienda Joven con respecto a la bolsa de vivienda es de 4 consultas presenciales, 3 efectuadas por propietarios y 1 por inquilinos.
En cuanto al perfil de los propietarios de la bolsa de vivienda De Lara ha comentado que tienen una media de 55 años y que son funcionarios, pensionistas e inversores que piden un precio medio por alquiler de 450 euros. El 85 por ciento son residentes en la capital y el 15 por ciento en municipios de la provincia.
Los inquilinos, por su parte, son estudiantes, mujeres jóvenes separadas con cargas familiares, trabajadores jóvenes que desean emanciparse con rentas cercanas al salario mínimo interprofesional y excluidos sociales. La edad media es de 32 años y el 40 por ciento residen en Ciudad Real, otro 40 en la provincia y el 20 por ciento restante se corresponde con personas residentes en otras provincias o en el extranjero. El precio medio que están dispuestos a abonar se sitúa en los 330 euros al mes.
El presidente de la Diputación ha indicado, por otro lado, que se da la circunstancia de que en los pueblos cercanos a la capital se está forzando una bajada de precios de alquiler y compra en torno al 15 por ciento con respecto al año anterior, puesto que hay menos demanda y la oferta se mantiene. «Se quiebra la tendencia porque está bajando la demanda tanto en número de demandantes como de disponibilidad económica del inquilino por el empobrecimiento, la subida de las tasas universitarias, la reducción de becas, la bajada de salarios y el desempleo», ha añadido.
En lo que respecta al asesoramiento hipotecario, el segundo eje de trabajo de la Oficina de Vivienda Joven, se han formalizado 45 peticiones para anular clausulas suelo. De Lara ha señalado que se ha contestado a menos de la mitad de las solicitudes presentadas porque hallan poca colaboración en los bancos para llegar a acuerdos negociados. Es más, las financieras suelen remitir a los solicitantes a reclamar ante los tribunales de Justicia aduciendo que se han acabado los plazos legales.
Ocho de las 45 familias tienen casi todos o a todos sus integrantes en paro y en 4 casos son pensionistas. Cuarenta y cuatro son españolas y 19 de ellas numerosas. Además, 34 son viviendas libres y el resto protegidas de diferentes categorías.
Cuando los bancos sugieren acuerdos de rebaja de condiciones económicas, los afectados no suelen acceder confiando en la anulación completa de las cláusulas suelo atendiendo a la jurisprudencia que está apareciendo. Así las cosas, desde la Oficina de Vivienda Joven se cumplimentan los formularios dirigidos al Banco de España, que es muy poco o nada receptivo, para que se anulen las clausulas suelo.
Otro perfil, según De Lara, lo representan la gente que se ve muy apurada y que se acoge a acuerdos con el banco previa aceptación por escrito de nuevas condiciones, entre las que figura que no vayan nunca en contra del banco, ni judicial ni extrajudicialmente.
Ha manifestado, por otro lado, que en los casos de ejecución hipotecaria se informa sobre la solicitud de justicia gratuita con el objetivo de paralizar cuanto antes el procedimiento, puesto que se trata de personas carentes de recursos. Y en el caso de desahucios, que se han registrado hasta el momento cuatro, se negocia con la propiedad, con la gestora o la entidad bancaria posibles soluciones y se busca la manera de dar cobertura social y psicológica a través de la Plataforma de Afectados por los Desahucios.
En concreto, se han registrado 72 consultas sobre cláusulas suelo, 7 sobre períodos de carencia o aplazamientos, 15 para defensa jurídica gratuita, 9 sobre dación en pago y quita, 3 sobre financiación bancaria, 6 sobre desahucios, y 15 sobre gestiones de amparo social ante ONG’s, Banco de Alimentos y Cáritas.
En otro orden de cosas, por razones de estacionalidad, actualmente está casi paralizada la demanda de alquiler. El trabajo en la Oficina de Vivienda Joven, a juicio de De Lara, es muy variado. En la actualidad está más centrado en el asesoramiento jurídico y en gestiones como la petición de anulación ante los bancos y ante el Banco de España de las cláusulas suelo. Y también en la resolución de problemas vinculados a los desahucios, carencias o aplazamientos de pago, atención para la defensa jurídica gratuita, novaciones y daciones en pago, quitas o refinanciación bancaria por problemas de impago de las hipotecas, etc.
El presidente de la Diputación ha concluido diciendo que están satisfechos con el funcionamiento de la oficina y ha añadido que se trata de un servicio necesario, sobre todo si se tiene en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre de 2014 es de 23.240, un 10’5 por ciento más que en el mismo trimestre de 2013. Y en Castilla-La Mancha se sitúan en 1.100, de las que 742 son viviendas y 391 se corresponden con personas físicas. Son datos relevantes aunque ahora, según ha dicho, «se hace menos ruido por la existencia de normativas como la Ley Mordaza».
