El pasado 27 de octubre se celebró el juicio contra la delegada del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza e integrante de las Marchas de la Dignidad, Matilde Castilla, por una falta de desobediencia leve a la autoridad. Conocida la sentencia, que le condena al pago de una multa de 300 euros, de los 900 que pedía el Ministerio Fiscal, desde este sindicato informan que han precedido a apelar la sentencia por considerar que obedece a «un modo de represión y criminalización de la protesta social».
Desde el STE-CLM señalan que, tal y como declararon los testigos durante el juicio, Matilde Castilla, que fue quien notificó la convocatoria de concentración que finalmente no fue autorizada por el la Junta Electoral Provincial, estuvo detrás de la pancarta, pero en momento alguno se acreditó que fuera ella la que la llevara y la desplegara. «La presunción de inocencia debe aplicarse y no dar por hecho algo no probado y que perjudica a la denunciada».
Por otro lado, insisten en que el número de personas que acudió fue de entre 15 y 20, y no 40 ó 45 como testificó la Brigada de Información. En la Plaza Cervantes, frente a la Subdelegación del Gobierno, las Marchas de la Dignidad convocaron una rueda de prensa para explicar los motivos por los que no había sido autorizada la concentración.
«No quedó probado que fuera la denunciante quien desplegara la pancarta», asegura el sindicato. «Ni siquiera en la denuncia ni en la declaración efectuada por el agente de policía consta la designación de Matilde Castilla Muñoz como persona que llevara y desplegara la pancarta».
«La intención de hacer la concentración no es tal -afirman-, y así se desprende de los hechos que se probaron en la vista y que constan en autos: colaboración total para recibir la notificación (al estar ausente del domicilio designado indicó de manera voluntaria el lugar donde se le podía hacer entrega de la denegación; declaración unánime de los testigos en la voluntad e intención de desconvocar e informar a quienes pudieran acudir desconociendo dicha desconvocatoria para el cumplimiento de lo ordenado por la Junta Electoral; e información publicada en diversos medios, aportada como prueba en el juicio sobre que no se había podido realizar la concentración por la desconvocatoria producida al haberse denegado el permiso».
Por todo ello, hacen hincapié en que no se realizó ninguna concentración, además, añaden, quedaría acreditado con la declaración del agente de policía que indicó que ni se utilizó tipo alguno de megafonía, «lo que es habitual en la inmensa mayoría de concentraciones», y que no hubo canto o dicción de consignas y que así resaltó el propio agente.
«Es más, en ningún momento agente de la policía o cualquier otro miembro de la Autoridad Gubernativa se dirigió a la acusada ni a las pocas personas que con ella estaban para indicarles que no podían estar allí e informarles del acuerdo de la Junta Electoral Provincial, por lo que no hubo ninguna falta contra el orden público en la modalidad de desobediencia a la autoridad», añaden.
Así, denuncian que éste ha sido un juicio y una sentencia «injusta, arbitrario e inmoral, muestra, una vez más, de que los poderes públicos atacan a las personas y organizaciones que consideramos que la justicia no solo es un ideal, sino una práctica cotidiana en nuestra vida». Desde el sindicato aseguran que esta denuncia y la forma en que se ha realizado «no es fruto de la casualidad ni de un malentendido, sino que obedece a una voluntad decidida y clara de los poderes vigentes de amedrantar a la población y descabezar el tejido asociativo que se va fraguando poco a poco para resistir la tremenda agresión neoliberal que está triturando nuestros derechos sociales, los derechos humanos y que nos encamina a unas condiciones de vida y de trabajo cercanas a la esclavitud. Mientras, los millonarios crecen y las ganancias de las grandes corporaciones industriales y financieras se multiplican hasta niveles inimaginables».
Finalmente, advierten de que no cejarán en su lucha hasta que Matilde Castilla sea absuelta de todos los cargos que contra ella se emiten.
Vergonzoso el juez, el fiscal y la policía.
Esto solo se arregla en las elecciones y que JAMÁS vuelvan a gobernar quienes quieren imponer otra dictadura en España.
El Juez Ruz imputa a Ana Mato y ya está en la puta calle. Un trabajador sale a protestar, tal y como reconoce la Constitución, y se tiene que sentar en el banquillo.
El PP se carga la presunción de inocencia y el derecho fundamental a protestar cuando el Gobierno es manifiestamente injusto.
Hay que echar ya mismo del Gobierno al PP y a los cargos puestos por el PP en el Poder Judicial. Es por sanidad pública, por dignidad y por que España pueda ser una democracia y no la deriva totalitaria en la que nos estamos metiendo.
Otra legislatura más con Cospedal, Rajoy y RoRo y no sé dónde podemos llegar. O sí: todos a la cárcel…menos ellos, los de la Gürtel. Y con periodistas tan sinvergüenzas como Marhuenda, defendiéndoles y atancando a la ciudadanía por pedir que se respeten los derechos fundamentales.
BASTA YA!!!
No basta con echar al PP. Al PP ya se le echó en el 2004 y, ¿qué ocurrió? Pues que volvieron.
Echar temporalmente al PP ahora, cosa que no tengo la menor duda que va a ocurrir, sólo servirá para pasar unos años con un gobierno sólo moderadamente nocivo para el pueblo, en lugar del actual gobierno extremadamente nocivo del PP.
Se echará al PP, y vendrán, digamos, 8 años de desgobierno de un partido o partidos, de los que la gente espera, en vano (ya que serán partidos del Sistema, como el PP), que solucionen las cosas.
Cuando las cosas no se solucionen, la gente, decepcionada, desesperada y cada vez en peor situación, volverá a caer en la trampa y abrirá de nuevo las puertas al PP o a otro todavía peor (por ejemplo, ultraderecha, como en Grecia, Francia…).
El problema no son [sólo] los partidos. Es el Sistema.
Si esto pasa ahora. ¿ Que será cuando se apruebe la Ley mordaza ?
Que sepan que, no nos van a detener en la defensa de los interese de los vecinos. Habrá que hacer una caja de resistencía, para hacer frente a las multas. No hay Ministro que defienda los intereses de la gente.
Yo iría preparando una caja de resistencia, sí, pero para la huelga general indefinida que es necesaria para forzar un cambio de Régimen en este país e intentar de nuevo poner en marcha una democracia.
[…] Como bien sabemos en Ciudad Real : represión a base de denuncias y multas. También en Canarias, en un ámbito no relacionado con la independencia, se les impide el derecho […]