Mª del Carmen Quintanilla Barba. Presidenta de la Comisión de Igualdad. Diputada Nacional del PP por Ciudad Real.- Este 6 de diciembre de 2014, la Constitución Española de 1978 cumple treinta y seis años, casi cuatro décadas de estabilidad fruto del mayor consenso alcanzado en la historia de España hasta la fecha y, un año más, de un tiempo a esta parte, sobre este día vuelven a planear los intentos de reforma por parte de algunas formaciones políticas y de sus dirigentes, como el PSOE del señor Pedro Sánchez, que con un notable oportunismo acaba de registrar en el Congreso una solicitud con el fin de que se cree una subcomisión para estudiar la reforma de la Carta Magna.
No quiero con esto criticar el hecho de que un Grupo Parlamentario presente una solicitud en la Cámara, como no podía ser de otra manera está en todo su derecho, pero lo que sí es criticable es que el señor Sánchez proponga la reforma de la Constitución sin saber qué es lo que exactamente quiere reformar, cómo quiere hacer la reforma y, en definitiva, la pregunta que todos nos hacemos: ¿adónde va o quiere ir? con esa reforma.
La respuesta es fácil: a ninguna parte. Simplemente es una cortina de humo para desviar la atención de los problemas internos que continúa teniendo su partido.
Coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución es de sentido común recordar que la Carta Magna, aprobada con el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas y refrendada en referéndum por 15.706.078 españoles ha permitido a España vivir el mayor periodo de estabilidad y bienestar de su historia desde los principios de una España plural, en la que la Soberanía Nacional reside en todos los españoles y desde la igualdad como derecho de todos los ciudadanos.
En unos momentos en los que, según la última encuesta del CIS las mayores preocupaciones de los españoles son la corrupción, el paro y los problemas económicos lo más urgente y prioritario es dedicar todo el tiempo y todos los esfuerzos en resolver esos problemas y no a reformar la Carta Magna, que es una cuestión que ahora mismo es evidente que no preocupa a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Proponer una inconcreta reforma de la Constitución no es tampoco de recibo por parte del mayor partido en la oposición mientras se da la espalda a los españoles negándose a alcanzar un gran acuerdo con el Gobierno del PP, que le viene tendiendo la mano desde hace meses para alcanzar un gran pacto para acabar con la corrupción que tanto preocupa a los españoles y que, por culpa de unos pocos, tanto daño está haciendo a las instituciones y a la credibilidad de los partidos, independientemente de cuál sea su ideología.
El Gobierno de Mariano Rajoy, desde el pasado mes de febrero, ha venido poniendo en marcha y proponiendo medidas valientes, que hasta ahora nunca ningún otro gobierno se atrevió a impulsar para acabar con la corrupción y apostar por la transparencia y la regeneración democrática. Eso sí es una prioridad en estos momentos, como lo es también, sin duda, seguir trabajando por potenciar la creación de empleo, tal y como está sucediendo en los últimos quince meses, con unas cifras que si bien no son aún suficientes sí son las mejores en los últimos años en cuanto a bajada del paro se refiere y porque la recuperación económica también se empiece a notar en la vida cotidiana de los españoles, como recompensa al gran esfuerzo que han hecho en estos difíciles años de crisis.
Esos deben ser, y de hecho lo son para el Gobierno del PP, los asuntos urgentes y prioritarios en estos momentos, no una reforma constitucional que ahora mismo ni es necesaria ni responde a la demanda de la sociedad española y que tampoco contaría con el amplio consenso que debe tener la reforma de la Carta Magna, tal y como contó con el respaldo y el consenso de todos cuando se aprobó en 1978 como la gran norma que es de todos y para todos los españoles, en los que reside la Soberanía Nacional desde el principio de la igualdad.
