Pedro María Castellanos. Delegado de UPyD en Manzanares.- Todos los días se nos recuerda que, para todos/as, el trabajo es un rasgo que define la existencia humana. Es el medio de sustento y de satisfacción de las necesidades básicas. Pero es también una actividad por la que los individuos afirman su identidad, para sí mismos/as y para aquellos/as que los rodean. Es crucial para la elección individual, el bienestar de las familias y la estabilidad de las sociedades.
El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades, que lanza la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 diciembre de 2007 pretendía ser un recurso que ayudara a los países a aplicar las disposiciones existentes en las normas de dicha Organización y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptadas por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2006.
Partiendo de este derecho, UPyD se encuentra una y otra vez que el Ayuntamiento de Manzanares cuando se acoge a los planes de empleo que convoca la Diputación no recoge en sus bases la posibilidad que da la propia Diputación y que si hacen otros ayuntamientos vecinos (Tomelloso, La Solana, Membrilla) de contratar personas con discapacidad.
Desde UPyD queremos dejar constancia de este hecho y rogar que a través de la concejalía competente en este tema o bien a través de su Consejo Municipal de Personas con Discapacidad no se desaproveche las oportunidades que otras administraciones nos brindan para que este capital humano no se desperdicie.
En los próximos años serán necesarias medidas significativas y sostenidas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidades en los programas de promoción del empleo, de desarrollo rural y de lucha contra la pobreza; la finalidad será ofrecer oportunidades de empleo productivo y de trabajo decente a las personas con discapacidades y avanzar hacia la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tales como reducir la pobreza, permitir que los Estados se beneficien de su contribución a la economía y a la sociedad y evitar los elevados costes que se derivan de la exclusión.
