Para la formación magenta, después de que la Sentencia del Tribunal Supremo fuera firme el pasado día 18 de noviembre, por la que se declaraban nulos los despidos de los 400 funcionarios interinos cesados en el mes de agosto de 2012 y obligaba a su readmisión inmediata, «es necesario que de manera urgente se convoque la Mesa Sectorial de la Función Pública para conseguir que en el menor tiempo posible se haga efectiva la incorporación de los funcionarios cesados, así como el abono de las cantidades dejadas de percibir por los funcionarios cesados desde que se produjeron sus despidos».
A juicio de Celia Esther Cámara, coordinadora regional de UPyD y candidata a la Presidencia de la Junta por esta formación, se hace «imprescindible» que la presidenta Cospedal «cese de manera inmediata al Consejero de Administraciones Públicas y Presidencia, Leandro Esteban, y seguidamente se produzca el del Director General de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, ya que no pueden sentarse a negociar con los sindicatos quienes han incumplido, según nuestro máximo órgano judicial, de forma tan flagrante los derechos a la negociación sindical y han dañado tan gravemente los derechos de los funcionarios interinos cesados».
La Sentencia del Tribunal Supremo, continua diciendo Cámara, «no es sino el colofón a la desastrosa gestión llevada a cabo por Leandro Esteban y por su Director General en la Función Pública Regional, que comenzó con la reducción del 3% del sueldo de los empleados públicos, todavía vigente (que convierte al personal de la Junta en los empleados públicos que mayor reducción salarial tienen de todo el Estado), continúo con la regulación de las situaciones de Incapacidad Temporal (normativa afortunadamente ya modificada), que produjo situaciones tan injustas como que los funcionarios, aun en el caso de hospitalización o intervención quirúrgica, vieran como no cobraban los tres primeros días de baja y descuentos de su nómina los días posteriores».
Por otra parte, el anuncio de la Presidenta Cospedal, de que va a hacer efectivo a los empleados públicos el 25% de la paga extra dejada de percibir en el año 2012, «no es ningún gesto a los empleados públicos de la Junta, ya que se ha visto obligada a tomar esta decisión, debido a que todas las sentencias estaban fallando a favor de esta
devolución y el propio ministro Montoro lo había anunciado previamente que lo iba a hacer con los funcionarios estatales, por lo que un gesto real con sus funcionarios sería comunicar que se deroga el descuento actual del 3% de sus nóminas».
Por último, Cámara, solicita que en los últimos meses de legislatura se produzca un giro radical en la Consejería de Administraciones Públicas, «empezando porque las personas que la dirijan sean de talante negociador y respeten escrupulosamente a los agentes sociales, para que los empleados públicos de la Junta recuperen los derechos económicos y sociales que han visto perdidos en estos últimos años».
