El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la nueva Ley de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha, “una apuesta del Ejecutivo de Cospedal con clarísimo contenido social”, en palabras del consejero de Presidencia. En rueda de prensa, Leandro Esteban ha subrayado que “esta medida aporta elementos novedosos a la hora de resolver conflictos, como la mediación y la resolución extrajudicial de los mismos”.
A su juicio, esto influye “en el ahorro económico y en la inmediatez a la hora de buscar fin a los conflictos que generan problemas en la convivencia, especialmente en el ámbito familiar”.
La nueva ley, desarrollada por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, será remitida ahora a las Cortes regionales para su posterior entrada en vigor, que se estima para el mes de enero del próximo año.
Esta normativa, además de aplicarse al ámbito familiar, amplía su campo de actuación a conflictos vecinales, educativos o inmobiliarios, donde se ha convertido en una solución negociada muy ágil para evitar la pérdida de la vivienda a las familias más vulnerables. También integra en una única norma los distintos ámbitos sociales y familiares de la mediación, concibiéndola como un método de resolución extrajudicial de conflictos entre sujetos de Derecho, a través de la labor conciliadora que representa la figura del mediador.
Además, la nueva norma ayudará a resolver conflictos, para evitar la violencia, el desapego emocional o la ruptura social y familiar. Según Leandro Esteban, “la mediación también es clave en el derecho penal juvenil, a la hora de solucionar una situación de violencia entre el menor y la víctima para reparar el daño causado”.
La ley incluye no sólo la ruptura de pareja, sino también casos de conflicto en la relación familiar y desacuerdos en la atención de personas mayores o discapacitados. De esta manera, respalda a menores, personas mayores, personas con discapacidad, así como a aquellos que se encuentren en riesgo social, económico o familiar.
Una ley fruto del consenso
Por otra parte, el proyecto de Ley de Mediación Social y Familiar plantea nuevas herramientas e instrumentos técnicos para los Servicios Sociales públicos de Mediación, al tiempo que potencia la colaboración con las entidades de iniciativa social, por lo que es una norma que nace del consenso de todo un sector.
En este sentido, Leandro Esteban ha resaltado que la nueva norma es fruto de la colaboración entre los distintos departamentos del Gobierno regional y diferentes entidades de iniciativa social. Para su elaboración se ha contado con profesionales especializados en mediación, que han participado en debates y análisis de las nuevas necesidades sociales en la solución de los conflictos en Castilla-La Mancha.
También ha participado de manera activa un grupo de trabajo formado por jueces, fiscales, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, el Consejo Autonómico de los Colegios de Procuradores, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y colegios profesionales de psicólogos, trabajadores sociales y educadores, así como las entidades sociales con más presencia en la región.
Medidas con carácter social
La Ley del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha consta de 40 artículos y se sitúa “en el común denominador del paquete de medidas de carácter social que ha impulsado la presidenta Cospedal en esta legislatura, como aquellas que afectan a las personas con discapacidad, la libre elección de médico o la nueva regulación de farmacias”.
Gracias al impulso del Gobierno regional en este ámbito, “nuestra región tiene hoy unos servicios sociales con más garantías, con presupuesto y ofrece más atención que en el año 2011”, cuando Cospedal llegó a la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha.
