Manuel J. Martín de Almagro Aldea. Agrupación Local del PSOE de Ciudad Real.- Llega un momento en el que nuestro teléfono móvil requiere una tarea de borrado porque su memoria se encuentra saturada. Realizando esa acción he comprobado cómo en unos días más de 400 WhatsApp se referían a hechos y acontecimientos que han ocupado las últimas portadas y titulares: crisis del ébola, tarjetas opacas, pequeño Nicolás, nacionalismo catalán, familia Pujol, etc., etc.
Todos ellos, con una crítica, sátira o humor más o menos inteligente ponen de manifiesto, no sólo la desconfianza sino el rechazo social que los ciudadanos sienten y sentimos hacia la clase política dirigente (hacia muchos de los que han sido, como hacía muchos de los que hoy son), tanto por lo alejados que están de los dramas y de los problemas cotidianos de los ciudadanos, como por muchas de las decisiones que adoptan. Y, especialmente, por el estilo de vida que llevan (comportamientos, actitudes, privilegios,…), así como por la falta de respeto que tienen hacia la inteligencia de la sociedad cuando puestos de perfil y con eufemismos intentan justificar las actuaciones de sus cargos y de sus responsabilidades públicas.
Analizar todo lo que borraba me hizo reflexionar brevemente sobre lo que como ciudadano esperamos de nuestros dirigentes, sobre cuál debe ser el estilo y cómo deben ser sus comportamientos. Es por ello que me pregunto: ¿Debe exigir nuestra sociedad un comportamiento ético a la clase política?, y, especialmente, ¿la actividad política debe ser considerada como una “profesión” o como un “servicio público a los ciudadanos?».
Sabemos y aceptamos que el ejercicio de la acción pública, es decir, de la política, va unida, en muchísimas ocasiones, al ejercicio de potestades y privilegios que no tenemos el resto de los ciudadanos. De ahí la importancia de enmarcar su labor dentro de una lógica de lo “correcto” que supere la mera asunción del sistema de valores instrumentales en que se mueve nuestra sociedad.
Los políticos deben servir al interés general objetivamente pero respetando una ética pública, es decir, general, universal y superior, tal y como promueve nuestra Constitución. Para ello deben remover los obstáculos que impiden la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra (dignidad y autonomía del ser humano), estableciendo normas, acuerdos y desarrollando acciones que serán válidas cuando todos los afectados (los ciudadanos) podemos querer racional y razonablemente. Para ello se hace imprescindible promover el libre encuentro de pareceres acercándose, inexcusablemente, al sentir y a las expectativas de los ciudadanos.
Ser político no debe ser aceptado nunca como una “profesión” de la que vivir bien desde el ejercicio del poder y el disfrute de sus privilegios, sino una continua acción de “servicio público” desde la defensa y promoción de los derechos humanos (pilar de su toma de decisiones), comprometidos en la lucha contra la dominación arbitraria y contra la desigualdad de oportunidades. De lo contrario, y en el mejor de los casos, podríamos contar y contamos, en ocasiones, con políticos eficaces, eficientes, objetivos, etc., pero que podrían ser “inmorales” si los actos que se les encomiendan no promueven el interés general y respetan la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, frente a los intereses personales, de oportunidad, electorales, clientelares, etc.
Los códigos éticos, ahora de moda en todos los partidos, no dan respuestas matemáticas, especialmente si los derechos humanos no son la auténtica base de sus programas electorales y de su actuación de gobierno, por un lado, y si sus dirigentes no están completamente comprometidos con la rendición de cuentas a los ciudadanos a los que han de servir a través de los medios y mecanismos en que hemos vertebrado nuestra sociedad.
Podemos afirmar, por tanto, que es en la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la igualdad de oportunidades donde encontraremos el marco de lo correcto y la frontera entre el ejercicio honesto de toda acción política y pública y el ejercicio inmoral.
Los ciudadanos exigimos una ética a nuestros dirigentes que les obligue a preguntarse por la moralidad de los fines existente tras toda orden, norma o actuación, y una ética que guíe más allá de los intereses egoístas que fundamentan la acción administrativa ya que el hecho de que el régimen sea democrático no garantiza la virtud de los representantes del pueblo.
Cada decisión/actuación de un servidor público (así deberían ser todos y cada uno de nuestros políticos) que contribuya a una mala política por dejación, abandonismo o irresponsabilidad debe ser juzgada. En ningún caso puede ni debe ser justificada por la generalización de dichos actos ni por el…”y tú más”!!!
Sólo me queda felicitar a los creadores de cuantas imágenes y vídeos y a los que con sus reenvíos los difunden, contribuyen a incrementar el rechazo social hacia las políticas y los políticos inmorales pasados y presentes promoviendo, de paso, la necesidad de una reconstrucción ética de lo público.
Totalmente de acuerdo con el artículo.