La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha presentado el escrito de desistimiento sobre del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS), en relación a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM), que falló a favor del recurso presentado por UGT y STAS, declarando nulas las órdenes de 20 de agosto de 2012 reguladoras de las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia de la Administración regional.
Según explica en una nota, «el Ejecutivo castellano-manchego ha adoptado esta decisión tras un cambio en la jurisprudencia del TS sobre esta materia, que consiste en que los decretos de las Relaciones de Puestos de Trabajo –como es en este caso- ya no son susceptibles de ser recurridos en casación».
Este cambio en la doctrina del Tribunal Supremo implica que no entre a conocer el fondo del asunto y, por tanto, no se garantizaría conocer cuál es la opinión del tribunal en esta materia.
De esta forma, el Gobierno regional «se anticipa y pone fin a una situación de incertidumbre -tanto para los propios trabajadores públicos como para la Administración regional- y que, en definitiva, podría concluir siendo más costosa para todos los ciudadanos».
El Gobierno castellano-manchego subraya que, «como siempre, los derechos de los trabajadores públicos, tanto los profesionales como los retributivos, van a estar garantizados».
«Además, hay que señalar que el Ejecutivo regional toma esta decisión desde el máximo respeto a las instituciones judiciales, y entendiendo que el proceso tiene todas las garantías que la legislación contempla, pero reitera que debido a la imposibilidad de valorar el fondo de la cuestión –al haberse producido ese cambio de jurisprudencia- no se puede conocer la opinión del TS al respecto», señala la Junta.
Finalmente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha subraya que recurrió ante el Supremo con el firme convencimiento de actuar en beneficio de todos los empleados públicos de la Administración regional y de toda la sociedad castellano-manchega.
Y lo peor de esto es que ni el consejero, ni el director general, ni los servicios jurídicos que apoyaron esta decisión que va a costar una auténtica millonada a la junta, que no olvidemos va a tener que pagar los sueldos de personas que perfectamente podrían haber estado prestando un servicio a los ciudadanos, se van a ir de risitas.
Aquí ni dimite nadie por vergüenza torera, ni se cesa a nadie por irresponsable (esta gente se saltó principios constitucionales que debían conocer al dedillo).