El próximo lunes se celebrará el juicio a Matilde Castilla, portavoz de Intersindical acusada de desobediencia a la autoridad por convocar, en nombre de las Marchas de la Dignidad, una concentración, contra las políticas de recortes impuestas por la Troika, en la campaña de las últimas elecciones europeas. La concentración fue desconvocada y, en su lugar, se llevó a cabo una rueda de prensa. Tanto la prohibición de la concentración por parte de la Junta Electoral, como la causa abierta a Matilde, constituyen «una vulneración flagrante de las libertades de todo Estado democrático», según el PCE de Castilla-La Mancha.
El Partido Comunista denuncia que este proceso, como otros muchos abiertos a sindicalistas y activistas de movimientos sociales, «atenta contra derechos fundamentales y persigue un doble objetivo político: por un lado, criminalizar los derechos de huelga y manifestación, por otro, amedrentar a la ciudadanía para que no siga movilizándose de forma masiva».
«Esta ofensiva judicial va acompañada de una ofensiva legislativa, intensificada de forma no casual en los meses previos a los procesos electorales de 2015. Si el Partido Popular ha aparcado, por el momento, su reforma electoral para la elección de alcaldes, no piensa, sin embargo, renunciar a los instrumentos legislativos que le permitan reprimir con mayor intensidad las movilizaciones ciudadanas», añade.
Recuerda que la semana pasada se inició el trámite parlamentario del proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana. «Esta ley mordaza busca, mediante la imposición de multas exorbitantes, infundir el miedo propio de un Estado policial».
El PCE advierte de que el movimiento obrero, las mareas en defensa de los servicios públicos, las marchas de la dignidad, el movimiento feminista y, en definitiva, cualquiera que ejerza su derecho a manifestación o simple libertad de expresión, «se verá amenazado por una ley que señala a toda persona que disienta de las medidas políticas impuestas en perjuicio de la mayoría social».
«Asimismo, no debemos olvidar que esta ley mordaza viene acompañada de la ley de tasas, ya en vigor, que restringe el acceso a la Justicia de las personas con menos recursos, y del anteproyecto para la reforma del Código Penal», explica.
Desde el Partido Comunista de España consideran que es necesario «redoblar la respuesta ciudadana en las calles, contra la legislación represiva que pretenden imponernos, y en apoyo a las personas afectadas. Por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que secunde la concentración convocada el próximo lunes, frente a los Juzgados de Ciudad Real, en apoyo a Matilde».
