El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a través de la sección 2º de la sala de lo contencioso administrativo, ha vuelto a desestimar un recurso presentado por el PSOE contra el cambio del modelo de gestión de Aguas de Alcázar, que desde hace ya más de un mes es una sociedad mixta de participación público-privada.
Así lo ha dado a conocer este miércoles el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, que ha mostrado a los medios de comunicación la sentencia firme, en la que se rechaza el recurso de apelación presentado por la portavoz del Grupo Socialista, Rosa Melchor, que alegaba que el proceso de conversión de Aguas en empresa mixta había supuesto una vulneración de derechos fundamentales y de participación política de los concejales de la oposición. Este recurso fue presentado inmediatamente después del levantamiento de la suspensión cautelar del proceso como un nuevo intento, según Ortega, de paralizar el proceso.
Para el alcalde alcazareño, lo que la sentencia hace es ratificar la legalidad del procedimiento y dar la razón al equipo de Gobierno, que siempre defendió que todo se había desarrollado de forma correcta, tanto desde el punto de vista legal como formal. Además, en la propia sentencia los cinco magistrados que la han elaborado hacen alusión expresa a que Aguas de Alcázar estaba en causa legal de disolución, por lo que era necesario actuar. “Y dice bien que estaba, en pasado, en causa legal de disolución porque ya no lo está, ya que el equipo de Gobierno la ha salvado sin que se haya producido ningún trastorno a los ciudadanos”, subrayaba.
Con esta sentencia, se ve que los magistrados no han tomado en consideración la exposición de motivos del PSOE ni las explicaciones dadas en el recurso, y además condenan a Rosa Melchor al pago de las costas judiciales. Todo ello supone para el Grupo Socialista “un nuevo varapalo judicial” que se une a los que ya le han precedido por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y otros tribunales, lo que “deja sin argumentos al PSOE y descubre nuevamente su estrategia de entorpecer, paralizar y boicotearlo todo, creando incertidumbre y alarmismo innecesario ante cada iniciativa y solución que ha puesto sobre la mesa el equipo de Gobierno”.
Por todo ello, Diego Ortega ha dicho esperar, “pero no sólo el equipo de Gobierno, sino el conjunto de los ciudadanos”, que el PSOE empiece a actuar “con coherencia”. Así, ha hecho un llamamiento a los socialistas para que trabajen por Alcázar de San Juan y colaboren con lealtad con el equipo de Gobierno por el interés general de los vecinos, abandonando su “actitud torticera y destructiva” que no engaña ni a la Justicia ni a los ciudadanos.
El alcalde ha querido también agradecer públicamente el trabajo del abogado que ha llevado todo este asunto por parte del Ayuntamiento, Óscar Rivas, que hizo las alegaciones presentadas contra este último recurso de los socialistas, quienes en todo momento han puesto en duda su profesionalidad. “Con esta sentencia se ha demostrado que su trabajo ha sido correcto en beneficio de los intereses de los vecinos de Alcázar”, ha indicado.
El alcalde de Alcázar ha hecho hincapié en que “poco a poco, sentencia tras sentencia y recurso tras recurso, los tribunales dan la razón al equipo de Gobierno y se la quita al PSOE y a quienes dudaban de la legalidad de todo el proceso de Aguas de Alcázar”. “Pero no sólo los tribunales, sino también la propia realidad”, apuntaba Ortega, quien señalaba que “nada ha cambiado en Aguas, no se han cumplido las previsiones agoreras y catastrofistas que se han lanzado para crear alarmismo, crispación y rebeldía con mensajes falsos”.
Entre esos mensajes falsos ha hecho mención al coordinador local de Izquierda Unida, Antonio Jesús García, quien retó al alcalde a encontrar un pueblo de España donde su formación política hubiera privatizado el servicio de gestión del agua. Pues bien, Diego Ortega ha afirmado que hay ejemplos tanto de pueblos gobernados por IU como de pueblos en los que IU apoyó con sus votos la privatización. Así, en 2010 el Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), gobernado por IU con mayoría absoluta, privatizó al 100 por 100 el servicio, dándoselo precisamente a Aqualia.
Asimismo, en Priego de Córdoba el PSOE externalizó también en su totalidad la gestión del agua con el apoyo de los concejales de IU. En este caso también fue Aqualia la empresa adjudicataria.
“El coordinador local de IU en Alcázar dijo que si había ejemplos él mismo iniciaría los trámites para pedir la expulsión de sus compañeros; pues ya puede ir empezando”, ha afirmado Diego Ortega, quien ha apuntado que “si ese alcalde y esos concejales lo hicieron, por algo sería; ésa es la diferencia entre gobernar y tomar decisiones, y lo que hacen algunos en Alcázar, que es el no por el no”.
