Ricardo Chamorro.– La situación en Cataluña es grave. Las prácticas totalitarias que se están llevando a cabo afectan al núcleo de la democracia representativa, a las libertades y al imperio de la ley.
La intromisión con encuestas puerta a puerta, la intimidación hacia la colaboración con el proyecto separatista, la desproporcionada intromisión en la vida familiar y personal hacia los ciudadanos en Cataluña, vienen a recordar a situaciones como las reproducidas en la famosa película alemana “La vida de los otros” que muestra el control que la Stasi, la policía secreta de la Republica Democrática Alemana, ejercía en el Berlín comunista sobre los intelectuales no afectos al régimen.
Tanto la encuesta puerta a puerta ““ARA ÉS L’HORA” que ha impulsado la Generalitat a través de las asociaciones Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, como la consulta alternativa sobre la independencia del 9 de Noviembre que ha anunciado Artur Mas, atacan de forma directa derechos fundamentales que protege la legislación nacional e internacional.
Los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el respeto de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal como derechos fundamentales estrechamente relacionados, pero independientes. La Carta está integrada en el Tratado de Lisboa y es jurídicamente vinculante para las instituciones y órganos de la Unión, así como para los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión.
El artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), de 4 de noviembre de 1950, consagra el derecho al respeto de la vida privada y familiar: «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia».
El riesgo es evidente, no solo por la recopilación de datos y la intromisión en la esfera de privacidad de los ciudadanos catalanes encuestando sobre aspectos claramente ideológicos, sino que las encuestas, tanto “ARA ÉS L’HORA” como la consulta del 9 N, han sido impulsadas por la propia Generalitat, una entidad administrativa que forma parte de la Administración Territorial del Estado, a pesar de que aparentemente sean asociaciones privadas (Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural) financiadas por la Generalitat las que lo lleven al efecto.
La Generalitat maneja los millones de datos de los ciudadanos catalanes que podrían ser tratados de manera arbitraria hacia un interés claramente político-ideológico, fomentando la creación de listas de perfiles a favor de un proyecto de ruptura con el Estado de Derecho que proclama nuestra Constitución y listas negras de personas no adheridas al movimiento independentista.
Las medidas cautelares de tutela por parte del Estado para garantizar derechos ciudadanos fundamentales de nuestra constitución son obligados, mas aun cuando instituciones que representan al Estado, como la Generalitat, están dispuestas a incumplir las normas.
De hecho la actitud de la Generalitat hacia derechos fundamentales ciudadanos, que aparecen clarísimos en el título I de nuestra Constitución, creando un censo ilegal, fomentando encuestas ideológicas y continuando con la puesta en marcha de una consulta para la independencia este 9 de Noviembre se enmarcan, claramente, en el supuesto que obligaría a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española para la protección del interés general.
Estamos hablando que el uso fraudulento de los datos ciudadanos en el contexto de un proceso de ruptura con el Estado, afecta al núcleo fundamental del imperio de la Ley que ha de regir en un Estado Democrático y de Derecho como es España, integrado a la vez en la Unión Europea.
Estás practicas bananeras no se pueden permitir, el Estado está obligado a actuar ya y aplicar todos los mecanismos en defensa de las libertades.
