El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha rechazado definitivamente el último recurso presentado en julio por el Grupo Socialista contra la adjudicación a FCC Aqualia de su entrada en la nueva sociedad mixta de Aguas de Alcázar.
Con fecha del pasado martes 23 de septiembre, este tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deja bien claro en sus 16 páginas que no son aceptables ninguno de los argumentos esgrimidos por el PSOE contra esta adjudicación, por lo que decide desestimar el recurso presentado a nombre del concejal Fernando Huertas, aunque en la resolución el propio tribunal recuerda que ya se desestimó en junio otro recurso presentado en aquella ocasión por Ana Belén Tejado.
Uno por uno, cada argumento del Grupo Municipal Socialista es desmontado a lo largo del documento de la resolución, dejando claro que la colaboración público-privada para la gestión de un servicio público es algo que el Derecho español reconoce perfectamente, sin que dicho servicio deje de tener la consideración de público. Asimismo, destaca la resolución que se cumplen todos los requisitos económicos exigibles en el establecimiento de una adjudicación como ésta para la prestación de este servicio público.
Para el Tribunal Administrativo Central, no existe motivación para alegar falta de información ni lesión de derechos de la oposición, representada en la mesa de contratación por Ana Belén Tejado, algo que, en cualquier caso, no corresponde decidir a este organismo. En cuanto a las presuntas irregularidades de la adjudicación, el tribunal destaca que el informe del interventor municipal avala esta adjudicación de forma correcta. En este punto, la resolución lanza una crítica al concejal que presentó el recurso, ya que no alegó de manera concreta las incorrecciones que decía que existían en todo el proceso, por lo que considera esta acusación como algo “sin sustento”. Por todo ello, el tribunal no ve razón alguna para que la oferta presentada por FCC Aqualia deba ser considerada inadmisible, como tampoco ve falta de motivación en la adjudicación.
Tampoco reconoce el tribunal la falta de documentación entregada a Ana Belén Tejado para poder participar en la mesa de contratación, ya que “las actas de las tres reuniones de dicho órgano no revelan la existencia de irregularidad alguna en este sentido”, y además, el informe del interventor fue leído en la reunión de adjudicación de forma íntegra en presencia de la concejal socialista. La propia Ana Belén Tejado firmó el “recibí” de la documentación que dice no haber recibido.
Por todo ello, la resolución definitiva del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ya consideró en una resolución previa que había que levantar la suspensión del procedimiento porque la propia paralización suponía un perjuicio para la empresa Aguas de Alcázar y para los vecinos, indica que “no se advierte irregularidad alguna que pudiera conllevar la anulación de la adjudicación”, por lo que el último recurso del PSOE ante este organismo queda, como así se indica en la resolución, “íntegramente desestimado”.
Esta resolución viene a avalar los argumentos del equipo de Gobierno, que en todo momento defendió que el proceso se había desarrollado de forma impecable y en base a todos los requisitos legales y formales exigidos para un proceso de estas características. La falta de base de los argumentos del Grupo Socialista viene a demostrar, para PP y CxA, que lo único que buscaban era la paralización del proceso, poniendo así en riesgo la propia continuidad de la empresa, que desde el pasado 30 de junio estaba en causa legal de disolución por la millonaria deuda que arrastraba debido a la gestión de sus anteriores responsables.
