La secretaria segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha anunciado hoy que el Grupo socialista va a presentar una proposición de ley de transparencia y buen gobierno en nuestra comunidad autónoma en la que, además de exigir a los altos cargos del gobierno y diputados regionales y sus conyugues que hagan públicas sus rentas y bienes, también declaren sus intereses en empresas privadas por si pudieran entrar en conflicto con los intereses de la comunidad autónoma.
Fernández realizó este anuncio tras conocerse esta mañana la noticia, publicada en varios medios de comunicación nacionales, de que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, presuntamente fue socio de una empresa “tapadera” utilizada por Jordi Pujol Ferrusola.
Para la parlamentaria socialista, es lamentable que López del Hierro, “por enésima vez sea noticia por estar vinculado a un caso de presunta corrupción”.
En este sentido, indicó que causa sobresalto escuchar como el marido de la presidenta de Castilla-La Mancha “está vinculado con asuntos como el caso Bárcenas, con empresas que no se sabe muy bien porque le pagan y ahora con el caso Pujol”. En una situación, indicó, que perjudica seriamente la imagen del Ejecutivo regional.
Fernández recordó que en varias ocasiones, el Grupo socialista ha presentado iniciativas en las Cortes regionales en el sentido de hacer públicas las rentas y bienes de los conyugues de los políticos, “y siempre han sido rechazadas por el PP”.
Ahora, indicó es más necesario que nunca llevar a cabo este tipo de leyes que demandan los ciudadanos. “No hay excusas para no hacerlo porque en países como Estados Unidos se vienen aplicando desde hace años”, sentenció.
Críticas al inicio de curso escolar
Por otra parte, Fernández, en su calidad de portavoz de Educación del Grupo socialista, señaló que el inicio del curso escolar en Castilla-La Mancha ha sido una auténtica chapuza. “El curso que ahora se inicia cronifica los recortes que ha llevado a cabo Cospedal, maltrata a los profesores e introduce con calzador la peor ley educativa que hemos tenido, la ley Wert”.
La responsable socialista indicó que lamentablemente Cospedal consolida el despido de los 7.000 docentes que ha echado a la calle durante esta legislatura y criticó que el 30 por ciento de los interinos contratados lo hayan sido a tiempo parcial.
Criticó también que las ratios profesor-alumno sigan siendo inasumibles, que se hayan eliminado prácticamente las ayudas para el transporte escolar en secundaria no obligatoria o para la adquisición de libros de texto. Igualmente lamentó que se vayan a ofrecer tan solo 100 becas para la compra de material escolar, “lo que representa el 0,001 por ciento del total de los alumnos. Una auténtica tomadura de pelo”.
Por último criticó que, por la aplicación de la ley Wert se va a obligar a más de 60.000 alumnos de primero, tercero y quinto a comprar libros de texto, que van a costar entre 150 y 220 euros por alumno; o que se sigan olvidando de la educación infantil de 0 a 3 años o que miles de alumnos que quieren cursar FP no lo puedan hacer por falta de plazas”.
“Lamentablemente este es el curso de la consolidación del fracaso absoluto de las políticas educativas de Cospedal y Marín, que están provocando que en nuestra región la educación sea más segregadora, menos igualitaria, menos justa y menos eficaz”, concluyó.
