IU Valdepeñas.- En pleno verano, medio a escondidas, el gobierno del PP ha perpetrado un nuevo ataque a la Cultura y la Educación con la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto que fija la cuantía del préstamo de pago para las bibliotecas. Significa que localidades como Valdepeñas (todos los municipios de más de 5.000 habitantes) habrán de pagar una tasa por el préstamo de libros en las bibliotecas, en función de las veces que se preste. Será gestionada por sociedades de derechos de autor, aplicándose sobre todos los libros, incluso aquellos exentos de esos derechos.
Para más inri, la disposición lleva la emblemática fecha del 18 de julio, hito fundacional de aquellos que cuando oían la palabra cultura se echaban mano a la pistola (Millán Astray dixit). Toda una broma pesada o una traición del subconsciente. Así hace pública IU su denuncia, mediante nota de prensa.
IU de Valdepeñas muestra su más rotundo rechazo a esta medida, que atenta a uno de los servicios públicos más importantes del municipio, y anuncia la presentación de una moción en el pleno municipal para cuyo apoyo requerirá el concurso de los demás grupos.
Para IU se trata de un nuevo ataque del PP al mundo de la Cultura y la Educación y un paso más en su cruzada contra los servicios públicos. Con esta medida, a la que hay que sumarle la continua bajada de presupuestos en los últimos años por parte de la JCCM, se pone en peligro la continuidad de las bibliotecas municipales, tanto el servicio de préstamo como el resto de actividades culturales que se lleva a cabo. Recordando que en esta legislatura ya se han cerrado todas las Bibliotecas que existían en los diferentes barrios de la localidad.
Las bibliotecas municipales -el 96 % de todas las bibliotecas de nuestro país- son el primer eslabón para el desarrollo de las políticas culturales públicas, puerta abierta al conocimiento, al libre pensamiento y a la cultura, constituyen un requisito básico de la educación permanente, el progreso cultural de la persona y los grupos sociales y han garantizado el acceso libre y gratuito de los ciudadanos a la información y a la lectura.
Señalan que, aunque este canon, en un principio, no lo paguen directamente los usuarios, esta medida terminará repercutiendo en ellos a través de los presupuestos e impuestos municipales, con el pago directo de esta nueva tasa o con peores servicios y menos inversión en fondos bibliográficos, porque implica que la biblioteca que más libros preste se quedará sin fondos para renovar su colección.
El nuevo canon, cuya entrada en vigor está prevista para el primer semestre de 2016, será gestionado por las entidades de derechos de autor que tramitarán la obligación de remuneración para hacerla llegar anualmente a los autores. Es decir, más negocio privado con el dinero público. Y cobrarán de las bibliotecas incluso cuando se trate de obras que forman parte del dominio público (Cervantes, Quevedo, Lope…) y, por lo tanto, no generan derechos de autor.
En definitiva, un atentado más a la Cultura y a la Educación, al que numerosos colectivos, usuarios y reconocidos escritores se están oponiendo y que supone la culminación de una constante persecución a las bibliotecas públicas que lleva años en marcha, primero con constantes reducciones de presupuesto, precarización de las condiciones de trabajo de bibliotecarios y bibliotecarias y siempre con el objetivo final no declarado de privatizar estos servicios y desentenderse de la gestión y desarrollo de las bibliotecas públicas.