CSI·F denuncia la «deriva» del Gobierno regional en la «vulneración» de derechos y actividades legítimas del trabajo sindical en defensa de los trabajadores «tras haber impedido el acceso» a la consejería de Hacienda, en Toledo, al presidente y delegado de CSI·F en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la JCCM, algo que «atenta directamente» contra el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, referido a las garantías de la función representativa del personal, que establece normativamente que “Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, dispondrán de acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral”.
Los dos representantes de CSI·F se disponían a recoger firmas, en el marco de la campaña emprendida por el sindicato entre los trabajadores, para que el gobierno de Cospedal devuelva el 3% de reducción del sueldo a todos los empleados públicos, realice una Oferta Pública de Empleo que confirme la recuperación que pregonan, que atiendan las demandas necesarias de Promoción Interna y que abonen, en virtud de las numerosas sentencias favorables en el resto del país, los 44 días correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 14 de julio de 2012, en ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
CSI·F lleva varios meses recogiendo firmas de empleados públicos en las cinco provincias castellano-manchegas, teniendo más de 10.000 tramitadas a principio del verano y manteniendo abierta esta recogida, por lo que lamenta profundamente la actitud demostrada ayer por el gobierno regional, «que traspasa los límites de la legalidad sin pudor alguno, limitando aún más los derechos de los trabajadores a ser defendidos por sus representantes legales tras la eliminación en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del 2014 de esta Junta de Personal».
