Las oficinas de la Seguridad Social de Ciudad Real van a ser sede de una experiencia piloto a nivel nacional sobre “Actuaciones en caso de Agresiones a Empleados Públicos”, como consecuencia del Protocolo recientemente suscrito entre el ministerio de Empleo y Seguridad Social y el sindicato CSI·F, que lleva varios años propiciando una actuación oficial en este campo, con una destacada intervención del sindicato en Ciudad Real.
En virtud de este Protocolo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social contemplará como episodio de violencia las conductas verbales o físicas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, a efectos de prevenir y contabilizar las agresiones.
El Protocolo también contempla la elaboración de un registro y estadística anual de situaciones violentas que sufren los trabajadores y aunque hasta el momento no existen datos sistematizados, la información de los delegados sindicales evidencia que existe una realidad silenciosa, y así lo reconoce también la propia Administración con este Protocolo.
Esta medida, que solo en Ciudad Real va a beneficiar a los más de de 300 trabajadores de los diferentes organismos de la Seguridad Social de la provincia, ha sido posible tras la campaña de concienciación iniciada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), como sindicato más representativo en las administraciones públicas y tras detectar un incremento exponencial de este tipo de situaciones violentas desde el inicio de la crisis económica.
Las reivindicaciones de CSI·F hicieron posible la puesta en marcha de una póliza de seguros en las oficinas de empleo y ahora da un paso más con la puesta en marcha de este Protocolo, que amplía el concepto de violencia más allá de la mera agresión física, y que CSI·F espera se extienda pronto al conjunto de la Administración General del Estado, así como en comunidades y ayuntamientos.
Grados de alerta
El documento acordado entre el ministerio de Empleo y CSI·F establece una serie de indicaciones específicas y grados de alerta para actuar en el caso de que se produzcan agresiones, desde la solicitud de ayuda inmediata a compañeros, superiores jerárquicos y personal de seguridad; la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la atención del trabajador agredido.
Asimismo, se contempla la notificación del incidente en un Modelo de Registro de Atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía para que actúe conforme al artículo 550 del Código Penal, que establece como delito las agresiones contra los funcionarios/as públicos/as.
CSI·F se felicita de este acuerdo porque supone un avance en la sensibilización social y da visibilidad a este tipo de situaciones, que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada.
Agresiones por la crisis
Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra. La Administración y CSI·F coinciden en que estos casos son solo la punta del iceberg que esconde una realidad que se sufre en soledad y por tanto que es necesario denunciar, con todos los recursos públicos disponibles para respaldar social y jurídicamente a los empleados públicos.
Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.
Dicho protocolo, comenzará con una campaña de información a los trabajadores de las oficinas provinciales sobre cómo actuar ante una agresión física, verbal o gestual. Posteriormente se colocarán carteles informativos en las dependencias, especialmente dirigidos a los usuarios del INSS y TGSS, con el fin de evitar que se produzcan situaciones de enfrentamiento con el empleado público que les esté atendiendo y que estará cubierto por el asesoramiento y la cobertura jurídica de la Dirección Provincial en el caso de producirse cualquiera de estos hechos lamentables.
