La secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, cree que “la Justicia debe tomar cartas en el asunto” de las listas de espera que están guardadas en los cajones del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR).
Se refiere Fernández al escándalo que ella misma desveló la semana pasada con un documento en el que el propio gerente del Área Integrada de Ciudad Real, Juan José Jiménez, reconoció en una reunión a los sindicatos la existencia de unas 14.000 pruebas diagnósticas sin contabilizar en las listas de espera oficiales que periódicamente tiene la obligación de publicar el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
“No puede existir una lista B en los cajones como si hubiera ciudadanos de segunda categoría”, ha incidido, antes de agradecer el hecho de que el Defensor del Paciente haga pedido al fiscal que investigue las listas médicas en el centro hospitalario de la capital ciudadrealeña.
La responsable socialista considera necesaria la actuación del sistema judicial para dirimir si esa ocultación de las pruebas diagnósticas de los pacientes del HGUCR incurre en algún tipo de delito o irregularidad.
En cualquier caso, Blanca Fernández ha dicho que desde el PSOE “vamos a estar vigilantes” para ver si ya aparecen publicados todos los datos de junio (también los ocultados en los cajones) en el portal web del Sescam. En caso de que sí aparezcan registrados, los socialistas seguirán insistiendo en que se refuerce la sanidad pública para poder “desatascar” la situación, y “si no se publican lo pondremos en manos de nuestros servicios jurídicos para ver qué medidas judiciales podemos tomar si hay lugar a ello”.
Sin salir del ámbito sanitario, Fernández ha mostrado varios documentos que ilustran la sanidad de Cospedal en Castilla-La Mancha. Una cita de un paciente para traumatología en el Hospital de Tomelloso para enero de 2016; una paciente a la que se le realizó una colonoscopia el pasado 4 de julio y cuya cita para conocer los resultados es para junio de 2015; o una cita para realizar una resonancia magnética para el 27 de julio de 2015 a pesar de la contratación de un camión por miles de euros para realizar este tipo de pruebas a las puertas del HGUCR.
En otro orden de asuntos, tras conocer que el Gobierno de Castilla-La Mancha no recurrirá la sentencia de la profesora embaraza a la que la Junta despidió y que la Justicia ha dictaminado que tiene que indemnizar, Fernández ha mostrado su satisfacción por ser un asunto que llevó ella misma a las Cortes Regionales. “No podían hacer otra cosa, y estaría bueno que después de que han condenado al Gobierno de Cospedal por despedir a una mujer embarazada –es la tercera sentencia de estas características- solo faltaba que decidiera recurrir”.
Fernández ha concluido insistiendo en que “no esperábamos otra cosa, y hubiera sido extremadamente grave que el consejero de Educación, Marcial Marín, hubiera anunciado un recurso ante esta sentencia que le ha dejado a los pies de los caballos y que lamentablemente vemos cómo Cospedal no lo cesa por estos hechos y por otros de igual gravedad. Por tanto, Cospedal es cómplice del despido de mujeres embarazadas de su puesto de trabajo”.
Al margen de las acciones judiciales, porqué no se sale ya a la calle y cada ciudadano con su cita de pruebas para no se sabe cuando? a los políticos, (a todos)cuando gobiernan, no quieren gente protestando en la calle, esto solo se soluciona tomando la calle,Pacíficamente, pero en la calle, pero en Castilla la Mancha, lo de salir a la calle a reivindicar los derechos, nos da pánico, por lo que tenemos lo que nos merecemos. Esto de cada cual a lo suyo, conlleva estas situaciones.