Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha mostrado su total apoyo a los colectivos de profesionales de la abogacía, que se viene llevando a cabo en diferentes ciudades de Castilla-La Mancha, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Justicia Gratuita, para mostrar sus diferencias con el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el de de Servicios Profesionales que se está tramitando en el Congreso. De esta manera, la formación deja clara la importancia que tiene, para una sociedad moderna y democrática, garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, además, la importante labor que desarrollan las y los abogados de oficio, que forman parte, como instrumento, de la garantía de ese derecho.
Señalar, en este sentido, que el artículo 119 de la Constitución Española, recoge expresamente: “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
Por estos motivos, Daniel Martínez, Coordinador Regional de IU-CLM, ha puesto sobre la mesa su preocupación por la vinculación entre este proyecto de ley y la Ley de Tasas que, hay que recordar, cuenta con un fuerte rechazo político, social y también en el mundo judicial. Para Martínez, “poner en duda el derecho a una justicia gratuita para toda la ciudadanía, excluir de la Justicia a aquellos individuos con menos capacidad económica, supone poner en duda la esencia misma de la igualdad y, por tanto, de la democracia. Así, ha añadido, el PP cierra un círculo antidemocrático que atenta a los derechos sociales y civiles, los políticos y los judiciales”.
De la misma manera, Daniel Martínez ha asegurado estar de acuerdo con la importancia de dignificar el Turno de Oficio y a las y los abogados que lo hacen posible. Es por esto que no podemos estar de acuerdo con un proyecto que elimina la obligatoriedad de residencia de los abogados en su ámbito profesional, lo que puede traer un peor servicio a la ciudadanía.
Por último, Martínez ha añadido que a los innumerables problemas que la abogacía ha encontrado al proyecto de Ley, entre los que se encuentran, como es habitual con el PP, la falta de comunicación con los profesionales del ramo, se unen la falta de garantía en la financiación pública de la justicia gratuita, el aumento de la burocracia y la injusticia que puede suponer extender la justicia gratuita a unos colectivos y a otros no.
