El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha anunciado esta mañana que ayer firmó el decreto que permite la puesta en marcha del segundo Plan de Empleo de 2014, que está dotado con otros 5 millones de euros, por lo son 10 los que invertirán este año para dar trabajo a parados en los pueblos de la provincia a través de los ayuntamientos.
De Lara, que ha estado acompañado por el vicepresidente José Fernando Sánchez Bódalo en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha afirmado que en lo que va de mandato han invertido 41 millones de euros, y desde 2008 un total de 58, siempre con el objetivo de crear empleo directo en el territorio provincial para aliviar a familias cuya situación es límite a causa de la crisis.
Tras destacar que el Plan de Empleo contempla una inversión de 225.586 euros para contratación específica de personas con discapacidad, De Lara ha dicho que los criterios en los que se basa el reparto económico son en esencia objetivos, ya que sólo se tiene en cuenta el dato de población a 1 de enero de 2013 y las cifras oficiales de paro a 30 de abril de 2014. Ha añadido, a este respecto, que la localidad que menos recibe es Cañada de Calatrava (943 euros porque tiene 3 parados) y las que más la capital de la provincia (500.774 porque 8.295 ciudadrealeños no tienen empleo). Ha precisado, no obstante, que se prima a los pueblos de menos de 5.000 habitantes, pues representan el 19% de la población provincial y su tasa de paro se sitúa en el 20´21 por ciento.
Estima De Lara que el nuevo Plan de Empleo permitirá la contratación de 7.000 nuevas mensualidades con una retribución bruta aproximada de 765 euros para contratos de jornada completa, incluyendo la parte proporcional de pagas extras. Tendrán una duración máxima de seis meses, según ha dicho, y constarán de 35 horas semanales, o su equivalente en contratos a tiempo parcial.
El presidente de la Diputación ha dicho que se trata de un plan de auténtica emergencia social y ha hecho un llamamiento a los gobiernos regional y central para «que desplieguen con urgencia planes de socorro análogos», ya que, atendiendo a sus manifestaciones, «con estadísticas «no se come, no se vive» y «el hambre y la desesperación no esperan». Con estas reflexiones ha querido dejar claro De Lara que «la leve bajada oficial del paro» se explica por la precariedad laboral que se está instalando en la sociedad, «con contratos a tiempo parcial e impidiendo a personas becadas registrarse como demandantes de empleo».
Ha recordado que en la provincia hay 67.341 parados, 13.504 más que en julio de 2011, lo que supone un aumento del 25 por ciento. Y, además, desde entonces hay 27.732 trabajadores menos afiliados a la Seguridad Social. Ha lamentado, igualmente, que 25.000 hogares de la provincia tengan algún miembro en paro y que 8.500 familias no perciban ningún ingreso. De ahí que De Lara opine que el resto de instituciones se impliquen en promover el empleo, «aunque sólo sea porque el año que viene hay elecciones». «No se hace difícil imaginar cuál sería la situación de la provincia si la Diputación no estuviera interviniendo de manera tan directa en sacar a tantas familias del atolladero de la miseria en que están malviviendo», ha dicho.
El presidente de la Corporación provincial ha explicado, en otro orden de cosas, que dan las máximas facilidades a los ayuntamientos, adelantando, por ejemplo, el 80 por ciento de la asignación económica cuando se recibe la certificación de inicio de cada proyecto, y el 20 por ciento restante se abona tras la presentación de la documentación justificativa del total del gasto realizado, trámite que se puede llevar a cabo hasta el 30 de mayo de 2015.
El 85% del importe del proyecto se destinará obligatoriamente a la contratación de personas desempleadas, un máximo del 15% para la adquisición de materiales y un máximo del 10% a gastos de formación.
La Diputación exige, por otra parte, la máxima difusión local a la convocatoria, que permitirá contrataciones desde el pasado 1 de julio, y prioridad absoluta para familias sin ingresos que tengan todos sus miembros en paro con menores a su cargo. Pero no podrán ser beneficiarios del Plan de Empleo más de una persona por unidad familiar. Además, las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad sobre cualquier otra consideración. Y los ayuntamientos, que pueden solicitar el Plan de Empleo hasta el próximo 15 de septiembre, adecuarán las obras y servicios para dar cabida al mayor número posible de beneficiarios que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad social.
