VOX Tomelloso.- Para muchos ciudadanos puede ser noticia, pero por desgracia para los agricultores manchegos no lo es. Estamos hablando de una nueva detención la semana pasada de delincuentes causantes de veintitrés robos cometidos en explotaciones agrícolas en distintos términos municipales de la región, alguno de los cuáles formó parte de la oleada de robos que volvió a sacudir las semanas pasadas la comarca de Tomelloso, llevándose por delante miles de euros en motores y maquinaria, un episodio más de una lacra que no tiene visos de acabar y que lleva a la impotencia, y a la desesperación de los agricultores.
Ante esta inseguridad e indefensión de la propiedad privada, una cincuentena de agricultores de Tomelloso han tomado la determinación de constituir una plataforma contra este grave problema para defender
ellos mismos lo que no defiende el Estado, y continuar reivindicando una reforma del Código Penal, prometida desde muchos años, y que se encuentra a día de hoy paralizada por la insoportable burocracia y demás trámites parlamentarios que alargan y alargan dicha aprobación, mientras siguen cometiéndose robos, que en muchos casos acaban incluso con la moral de los propios agentes de la Guardia Civil al tener que liberar a delincuentes detenidos en innumerables ocasiones y con centenares de causas pendientes con la Justicia.
Ésta reforma del Código Penal es necesaria y positiva puesto que los robos dejarán de ser en muchos casos simples “faltas” y pasarán a denominarse “delitos de hurto” que podrán conllevar penas de prisión de uno a tres años. Queda por ver (si es que algún día aprueban el nuevo Código Penal) si así se disuade a los potenciales delincuentes. De cualquier forma un posible endurecimiento de la pena centrada en la reincidencia, podría haber sido más justo en ésta reforma.
Una de las pocas competencias que le queda al Estado Central, residual y minimizado que tenemos en España, es el mantenimiento de la seguridad ciudadana, lo que hace que los representantes de los agricultores lleven años acudiendo a la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real para reclamar soluciones que nunca llegan.
Lo que si llegan son promesas y cargos públicos que acuden inmediatamente para hacerse la foto en las manifestaciones, también llegan promesas como la del señor Subdelegado del Gobierno la pasada semana: “no se van a escatimar medios”. Y he aquí el problema, los ciudadanos podemos ver a diario cómo el Estado “no escatima” a la hora de gastar dinero para adquirir medios materiales…, pero esos medios materiales
no son para proteger las explotaciones agrícolas. Estamos hablando de lo que es prioritario para el Estado: tratar de sacar de nuestros bolsillos hasta el último céntimo de lo que nos haya quedado después de freírnos previamente a impuestos, y esto lo hace con las multas de tráfico.
Así hemos podido ver en las últimas fechas la adquisición “imprescindible” de helicópteros con cámaras de última generación para grabarnos mientras conducimos, una demostración clara de que el Estado es eficiente para lo que quiere, es decir, cuándo hay dinero para recaudar de por medio. Si existieran incentivos a la hora de detener o evitar robos en explotaciones agrícolas otro gallo nos cantaría, pero la seguridad en el campo no reporta ingresos a las arcas públicas sino gastos.
Otro punto en el que el Estado “no escatima” es en lo relativo a los complementos salariales (de dudosa legalidad) de los agentes de Tráfico, unos complementos que incentivan a los agentes a multar para no perder una parte o la totalidad de su cuantía.
Tampoco se escatimó a la hora de colocar radares en la misma carretera de Socuéllamos (zona muy castigada por los robos), justo a la hora en la que los agricultores dejaban la jornada de trabajo y volvían a sus casas, actuaciones que destilan un claro afán recaudatorio.
Es de agradecer el descenso de siniestralidad y consiguiente aumento de seguridad en cuanto al tráfico se refiere, de hecho, es una de las pocas cosas que ha demostrado la Administración que puede hacer de forma eficaz.
Ha llegado la hora de pedir al Estado que vele por la seguridad de algo tan importante como es la propiedad privada, y pedirle a la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real que incremente la dotación de fuerzas y cuerpos de seguridad asignados a la protección de las explotaciones agrícolas, y la elaboración de un plan de seguridad del campo más eficaz.