El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Puente, ha asegurado este martes que la ley obliga a iniciar el proceso de disolución de Aguas de Alcázar el próximo 30 de junio, día en que se tendrán que aprobar las cuentas de la empresa, cuentas que, por ser negativas, la sitúan en causa legal de disolución. “El 30 de junio, si no se capitaliza antes, habrá que iniciar la disolución de Aguas, que es lo que busca el PSOE desde el principio”, afirmaba Puente.
Para el portavoz municipal, el PSOE sabe que existe esa fecha límite del 30 de junio; de ahí la continua presentación de recursos para paralizar todo el proceso de conversión de la empresa en sociedad mixta con participación privada. “Quieren paralizarlo para que no entre capital privado y haya que liquidar la empresa”, afirmaba Puente, que añadía que, mientras el equipo de Gobierno defiende el interés general de los vecinos, tratando de salvar la empresa manteniendo el servicio, las tarifas y los puestos de trabajo, “el PSOE está centrado en defender el interés particular del multi-imputado”, en referencia al anterior alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo, “para tapar sus fechorías al frente de Aguas de Alcázar y que sean los vecinos los que paguen la deuda millonaria que él dejó”.
Precisamente, acerca del último recurso presentado por el PSOE ante el Tribunal Administrativo Central, que ha dado lugar a la paralización cautelar del proceso hasta que se dicte una resolución, Puente aclaró que es el trámite habitual cuando llegar un recurso, “como ya sabemos de memoria con la cantidad de recursos que ha presentado el PSOE para paralizar la vida municipal”. Sobre la resolución de dicho tribunal político, que no judicial, el portavoz del equipo de Gobierno se mostró esperanzado en que la resolución sea favorable a la continuación del proceso, dado que el nuevo pliego de adjudicación se ha redactado subsanando los “errores” señalados por el propio Tribunal Administrativo cuando anuló el proceso con el anterior recurso. “No tendría sentido que ahora volvieran a echarlo para atrás, cuando está hecho todo tal y como ellos mismos nos han indicado”.
También se ha referido Ángel Puente al plazo de presentación de ofertas, que concluyó ayer, lunes, y que ha dado como resultado que sólo Aqualia, la empresa adjudicataria en el anterior proceso, que lo ganó “por goleada” frente a las otras dos, Aquona y Valoriza, se ha presentado a esta segunda adjudicación. Puente lo ha considerado lógico, dado que fue con diferencia la mejor de las tres ofertas. Además, la anterior resolución del Tribunal Administrativo Central provocó algo inédito que “ha desvirtuado” todo el proceso, y es que todas las empresas interesadas en formar parte de la sociedad mixta han conocido las ofertas del resto, algo totalmente fuera de la normalidad en cualquier proceso de adjudicación.
Por ello, el hecho de que Aquona y Valoriza conocieran el gran esfuerzo de Aqualia con su oferta les ha hecho renunciar a presentarse nuevamente. En cuanto a la oferta económica de Aqualia, que sobrepasaba en 1,2 millones de euros a las otras dos, Puente ha dicho no saber aún si se mantendrá o no, ya que el sobre no se abrirá hasta la reunión de la Mesa de Contratación, que se convocará cuando el Tribunal Administrativo presente su resolución. En cualquier caso, si la oferta ha menguado, los únicos perjudicados serán los alcazareños gracias a los recursos del PSOE, como explicaba Puente, que aclaraba que, aunque la resolución del tribunal fuera positiva, “esperamos después más recursos de la oposición para tratar de seguir protegiendo al multi-imputado”.
Por otro lado, Ángel Puente se ha referido a la plataforma del agua, a la que se ha referido como “PSOE-Plataforma”, y ha señalado que “sus chantajes y coacciones no han dado sus frutos porque, pese a todo, Aqualia sí ha vuelto a presentar oferta y sigue apostando por Alcázar de San Juan”. “La democracia ha imperado y ha derrotado a las coacciones, los chantajes y el teatro”.
Finalmente, Puente ha vuelto a insistir en que el Consejo de Administración tendrá que iniciar la disolución de Aguas de Alcázar el 30 de junio porque si no, según establece la ley, sus miembros tendrían que responder con su patrimonio. “Algunos ya hemos respondido con la salud de nuestros familiares por el ataque de 30 energúmenos y no estamos dispuestos a responder también con nuestro patrimonio”, ha concluido.
