Un equipo formado por expertos de distintos ámbitos se han reunido hoy en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha para colaborar con el Gobierno regional en la elaboración del anteproyecto de ley de Mediación Social y Familiar.
“Estos profesionales especializados en mediación han participado en debates y análisis de las nuevas necesidades sociales en gestión de los conflictos”, ha afirmado la directora general de Familia, Menores y Promoción Social, Silvia Valmaña.
El grupo de trabajo está formado por jueces, fiscales, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, el Consejo Autonómico de los Colegios de Procuradores, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y colegios profesionales de psicólogos, trabajadores sociales y educadores, así como las entidades sociales con más trayectoria en mediación de la región.
Este equipo de expertos ha mantenido reuniones periódicas durante un año para analizar la necesidad de regular de forma más amplia y completa la mediación social, puesto que tras la aprobación de la ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles se ha producido un nuevo planteamiento del servicio de mediación familiar que las comunidades autónomas venían realizando en los últimos años.
Los representantes del grupo de trabajo han coincidido en señalar que con la nueva ley estatal se pone de manifiesto que hay que seguir avanzando y reorientar la experiencia acumulada en materia de mediación para adaptarla a nuevas situaciones y a nuevos retos.
“Castilla-La Mancha, con la elaboración de este anteproyecto, se convertirá en una de las comunidades autónomas más innovadoras y más al día en cuanto a la solución alternativa de los conflictos, y eso supondrá un beneficio para la ciudadanía”, ha afirmado Pablo José Corrales Aragón, representante del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, Pilar Farelo Centellas, miembro del Colegio de Educadores de Castilla-La Mancha, ha destacado que “para los profesionales esta ley significa un reconocimiento y tener la posibilidad de tener de manera legislativa un soporte”.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se ha hecho eco de las peticiones de los miembros del grupo de trabajo, representativos de la sociedad castellano-manchega, para abordar de una manera integral el servicio especializado de mediación.
