La casa de los horrores: Vecinos de una vivienda de protección pública de Puertollano están atrapados en un foco de insalubridad

Santos G. Monroy.- Asoman miradas recelosas desde los corredores de un patio con trazas carcelarias. Ratas, insectos, alimentos en descomposición, cerraduras reventadas, derivaciones eléctricas ilegales, buzones quemados, olor a marihuana. Niños jugando sobre litronas vacías. Zapatos abandonados al sol. Hay una tangible sordidez en cada detalle de lo que podría ser escenario de un drama penitenciario o de una novela negra. Pero no se trata de Carabanchel, como asegura con sorna uno de los vecinos: es el interior del edificio Joan Miró 14 de Puertollano, en pleno centro de la ciudad industrial.

Se masca la angustia entre algunos habitantes, incómodos en su propio hogar, temerosos lo que se podrán encontrar esta vez, cuando abran la puerta de su casa, recelosos de lo que pueda estar ocurriendo al otro lado del tabique. Las condiciones de vida y el clima de convivencia se han enrarecido tanto que hay quienes claman por su dignidad perdida ante unas administraciones de las que aún no obtienen respuesta. No hay palmada para despertar de la pesadilla.

Hubo un tiempo en que todo parecía marchar bien. Hace 13 años la felicidad hacía un guiño a los beneficiarios de estas viviendas de protección pública en régimen especial gestionadas por la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), adscrita a la Consejería de Economía de la Junta de Comunidades. Bonito y barato. 88 pisos. Alquiler de 130 euros mensuales. 31 euros de comunidad. Opción de compra en cinco años y en las mismas condiciones que las viviendas de protección pública de la Junta… 

Aquello se acabó. El gran drama para decenas de vecinos de Joan Miró 14 comenzó hace un par de años, cuando el hogar sobre el que iban a construir su futuro se convirtió en una jaula siniestra. Al cabo, el mapa sociológico de los inquilinos fue cambiando, sobre todo con la llegada de ocupantes ilegales, y desde hace 24 meses la situación es insostenible.

El edificio es un preocupante foco de infecciones y, en ciertos casos, de marginalidad. Los inquilinos más antiguos ven cómo la finca se ha tornado en un vertedero, con grave riesgo para la salud, e incluso para la integridad física de los viandantes. Aseguran que de nada han servido ni las denuncias a Sanidad, ni a la Policía Nacional, ni las llamadas a la gestora para que se haga cargo del mantenimiento del inmueble. Cuando este digital realizó la llamada telefónica a Gicaman para contrastar las denuncias también obtuvo una curiosa pero desalentadora respuesta: cualquier consulta debe remitirse por correo postal al director general.

Mientras tanto, la convivencia vecinal se deteriora en un clima de tensión.  La conducta incívica de parte de los inquilinos, una decena de ellos ocupantes ilegales de apartamentos, ha convertido el inmueble en el escenario digno de una escaramuza bélica. Los vecinos denuncian que no hay quien repare el mobiliario roto. Farolas, interruptores, barandillas, puertas, porteros electrónicos, ascensores, instalaciones eléctricas manipuladas. Falta de limpieza en zonas comunes. Las placas de contrachapado de una de las fachadas se caen ocasionalmente a la acera. Nada se libra de la quema, incluidos los buzones, que han sido literalmente incendiados por autor o autores desconocidos. 

Numerosas zonas del edificio son un basurero donde campan a sus anchas ratas e insectos, y un buen número de inquilinos exigen que se cumplan las condiciones del contrato con Gicaman, se atienda a las necesidades de mantenimiento del edificio y se ponga negro sobre blanco el índice de incumplimiento de pagos de alquiler y comunidad.

En algunos ha cundido la desesperanza. Ya hay quien, desalentado, ha dejado de pagar sus cuotas. Otros sólo quieren marcharse, escapar como sea. Piden que se les traslade a otra vivienda donde puedan rehacer sus vidas con dignidad. Incluso han llegado a solicitar una cita con la alcaldesa de Puertollano para clamar por sus derechos.

La solución se antoja imposible cuando a la extrema complejidad del problema social se añade la falta de respuesta de la administración. Pero algunos aseguran que no se van a rendir. Probablemente se verán forzados a abandonar sus vivienda,  no sin antes tomar medidas legales contra Gicaman, traicionados por un Estado que hace oídos sordos, incapaz de hacer valer el concepto que él mismo acuñó cuando puso la placa a la entrada de Joan Miró 14: la protección pública.