Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha presentado esta mañana, junto a las Cortes regionales, su campaña “Reservado el derecho de admisión», con la que pretende «informar y concienciar a la ciudadanía del carácter antidemocrático de la reforma electoral del PP que solo tiene un objetivo: salvaguardar un sistema corrompido».
De esta manera, Daniel Martínez, coordinador de IU-CLM, ha querido destacar que «la reforma de Cospedal, porque la hace sin ningún consenso y sin contar con nadie, supone que, tras las próximas elecciones autonómicas, no se pueda trasladar, de facto, la voluntad popular de los castellano-manchegos a las cortes».
Martínez también ha puesto en duda que la medida esté motivada por el ahorro económico y destaca que esa argumentación «es muy peligrosa porque da a entender que la democracia sale cara y que es mejor reducir las instituciones que, verdaderamente, representan la soberanía popular. Una argumentación con un carácter casi totalitario».
Martínez, en cambio, sí ha asegurado estar de acuerdo con «ahorrar donde de verdad hay un coste excesivo, y no es otro lugar que en los políticos elegidos a dedo que, anualmente, cuestan más de 6,5 veces más que las cortes regionales y no están sus nombres en ninguna papeleta para votarlos. No buscar reducir donde se gastan casi 60 mill de euros y hacerlo en las Cortes (que cuestan algo más de 8), demuestra que no hay motivación económica alguna».
Mario García, responsable de comunicación de IU-CLM, ha destacado la importancia de una campaña «que pretende, sobre todo, informar a los castellano manchegos de dicha reforma y sus consecuencias». De la misma manera, García no coincide con la idea de que los castellano manchegos quieran menos diputados y diputadas, «sino que el verdadero deseo de la ciudadanía es tener menos representantes envueltos en un aura de corrupción que, obviamente, repugna al pueblo».
Desde IU-CLM instan a las fuerzas políticas a presentar un recurso al Constitucional y, de la misma manera, informan de que están trabajando en llevar esta cuestión ante el Defensor del Pueblo e instituciones europeas.
