Santos G. Monroy.- El Pleno ordinario celebrado hoy en Puertollano ha estado marcado, entre otros aspectos, por uno de esos frecuentes tics políticos, en ocasiones un tanto pueriles: evitar las menciones de lo que no interesa. Así ha ocurrido a la hora de «dar cuenta» de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obliga a anular el acuerdo de febrero de 2011, por el cual se permitió a Construcciones José Luis García Gallego que construyera una novena planta en su hotel Santa Eulalia.
En el transcurso de la sesión plenaria únicamente se leyó el punto del orden del día que rezaba textualmente «Dar cuenta de la sentencia nº 154, de fecha 10 de marzo de 2014, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación a recurso contencioso-administrativo nº 668/2011».
Lo que en ningún momento se hizo por parte del equipo de Gobierno es explicar a los asistentes al pleno el significado de tan críptica mención… que no se refiere a otra cosa sino a la sentencia que, a instancias de una denuncia de IU, anula el acuerdo, aprobado con los votos a favor de PSOE y PP, que conllevó una modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Puertollano para permitir las actuaciones de la empresa constructora del hotel. Los magistrados consideran ese acuerdo como “completamente irrazonable y arbitrario”, lo que derivó, a su juicio, en una ”desviación de poder” para beneficiar al hotel de cuatro estrellas.
A efectos prácticos, el fallo judicial no tendrá efectos en absoluto sobre la infraestructura hotelera. Ni se demolerá la novena planta del hotel, que queda así excepcionalmente fuera del planeamiento jurídico-urbanístico de la ciudad, ni se sancionará a la empresa o al Ayuntamiento. Lo único que implica la sentencia es que el Ayuntamiento puertollanense deberá retractarse de su decisión y volver a prohibir la construcción de más de nueve plantas en el centro de la ciudad modificando la Ordenanza 1 de normas urbanísticas.
Precisamente que se explicaran todos estos puntos era lo que demandaba el portavoz de IU, Floretino López Montero, en el apartado de ruegos. Algo a lo que no accedió la alcaldesa Mayte Fernández, argumentando que no era necesario y que en todo caso los ciudadanos podrían tener acceso a toda la información en el acta plenaria.
