La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Carmen Soánez, ha desgranado hoy el contenido de la moción que han presentado para su debate en el próximo pleno en la que pretenden fijar una serie de servicios sociales básicos que consideran irrenunciables y que deberían estar garantizados, así como la derogación de la ley de la reforma de la administración local.
Soánez ha señalado que la entrada en vigor de la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha supuesto «el desmantelamiento efectivo uno de los pilares sobre los que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país. En particular, el artículo primero, que se refiere a las competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales, genera incertidumbre y preocupación social al señalar que la única competencia propia de los ayuntamientos en este ámbito será la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social».
En este sentido, la concejala de IU subraya que en la ley no se menciona el sistema de servicios sociales como una competencia propia de las corporaciones locales. «La nueva Ley ignora cómo se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro Estado del Bienestar». Algo que, a su parecer, sería contrario a lo establecido a la Carta Europea de Autonomía Local e, incluso, a lo recogido en la Constitución Española».
Según Soánez, a partir de la actual ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, «se disparan todas las alarmas». A juicio de Izquierda Unida, «se atisba el peligro de dibujar un Estado asistencial basado en la beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía no quedan garantizados, por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano. La participación ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; quedando las personas y familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las que, como en el caso de las Diputaciones, ni tan siquiera han votado».
Carmen Soánez añadía que «las políticas sociales de atención primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas que configuran el Estado». Un medida que, a su parecer, supondría «una recentralización de la atención social a la ciudadanía, la pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos a la misma».
Desde Izquierda Unida alertan de que el Gobierno «está destruyendo el sistema de servicios sociales en su red básica y que las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios. Que nadie se equivoque-advertía Soánez-, estos servicios no se privatizarán, simplemente desaparecerán. Está claro que atender a millones de personas empobrecidas en sus necesidades básicas no es negocio. Eso sí, se abrirán de par en par las puertas de la limosna tranquilizadora de conciencias y de la beneficencia más rancia».
Por tanto, desde Izquierda Unida proponen a la sociedad y a los poderes públicos establecer «lo que debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión de los Servicios Sociales Municipales» y que integraría la siguiente cartera de prestaciones: información, valoración, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de necesidad; ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia; ayudas económicas de emergencia social; intervención y mediación familiar; prevención, intervención e inserción, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos en riesgo o situación de exclusión social; acompañamiento en los itinerarios de inclusión social; adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo; atención primaria a mujeres victimas de violencia de género; atención primaria a la tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la Dependencia; alojamiento de urgencia; y servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.
Para todo esto, según Izquierda Unida, sería necesario «reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía y por tanto solicitar la modificación o la retirada por parte del gobierno de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y afrontar una reforma de la administración local que garantice una financiación municipal adecuada y suficiente, y la autonomía municipal para, desde la cercanía, prestar servicios públicos básicos a los ciudadanos.
Asimismo, esta formación pretende que el Ayuntamiento asuma su papel de representante de la ciudadanía y proponga al Congreso de los Diputados la elaboración de una proposición de ley que devuelva a la Constitución el texto original del artículo 135, eliminando la reforma que, «si en una palabra pudiera definirse, lo que ha significado para este país y sus ciudadanos y ciudadanas es hambre». Según Izquierda Unida, esta modificación del artículo 135 de la Carta Magna estaría directamente ligado a la «injusta» reforma de la administración local.
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