El poder de la gente (V)

Carmen Soánez, concejala de Izquierda Unida de Ciudad Real.- Si nos remitimos a lo recogido en la CARTA EUROPEA DE LA AUTONOMIA LOCAL, ratificada por España en 1988, en la que considera que “las Entidades locales son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático; que el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión de los asuntos públicos forma parte de los principios democráticos… que la existencia de Entidades locales, investidas de competencias efectivas, permite una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano…, que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder”.

Sí, este derecho está recogido en la Carta Europea, y ratificado por todos los países miembros, incluido España, sin embargo la situación que vivimos en la actualidad europea, como consecuencia de las políticas liberales ejercidas –para las que prima el interés de las grandes empresas y entidades financieras– han traído, como consecuencia en España la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de diciembre de 2013, que reconoce la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos europeos sobre la consolidación fiscal que le viene impuesta en el Memorándum de Entendimiento sobre el sector financiero.

Con esto se está cercenando la autonomía municipal garantizada, también, por el artículo 140 de la Constitución española, ya que exige racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Es decir, que la función social y cercana de los ayuntamientos, ha pasado a ser mero apunte contable en la hoja de resultados de cualquier empresa que se hace cargo de “vender” los servicios básicos. A ser mercancía en manos de empresas privadas que sumaran a sus beneficios los repercutidos por el abastecimiento del agua; de las escuelas; de los servicios sociales; de la cultura y el deporte; de la pavimentación de las vías públicas; la limpieza viaria. Esta ley obliga a los ayuntamientos a reducir la autonomía municipal y la participación ciudadana, a disolver los pequeños municipios a través de la fusión de los mismos.

Qué conclusión debemos extraer y por qué debemos participar en las elecciones del 25 de mayo al Parlamento Europeo: para conseguir que en Europa las políticas cambien, las políticas se dirijan a garantizar los derechos de las personas no a los intereses económicos; si se hacen planes que se dirijan a la creación de empleo, a la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente, a la defensa de la sanidad universal, al mantenimiento de la educación en igualdad de derechos; al sostenimiento de una sociedad integral y justa para la juventud, estable para la madurez y digna para la vejez. Y en fin para evitar que desde una Europa conservadora nos ajusten al patrón economicista y para que podamos mantener la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local, garante de una administración a la vez eficaz y próxima a las personas.