Alfonso Sánchez Ramírez, presidente de Amnistía Internacional España: “La pobreza es la peor crisis de derechos humanos y no tiene nada de inevitable”

El valdepeñero Alfonso Sánchez Ramírez es, desde hace apenas unos días, presidente de Amnistía Internacional España, un reto ante el que miciudadreal.es no ha perdido la oportunidad de abordar a este activista que, durante años, ha desplegado vestido de amarillo su compromiso por las calles de Ciudad Real. Ésta es una entrevista coral en cuya elaboración han participado los colaboradores habituales de este diario.

Pregunta.- ¿Cómo es una gran institución de la envergadura de Amnistía Internacional vista desde arriba?
Respuesta.- A medida que he ido profundizando en la vida de la organización, me he ido reafirmando en la idea de que Amnistía Internacional es un maravilloso grupo humano de decenas de miles de personas (millones en todo el mundo) que sienten como propias las injusticias que sufren otras personas en cualquier parte del mundo. Desde quienes realizan sobre el terreno la investigaciones de violaciones de derechos humanos hasta quienes las combaten apoyando y promoviendo nuestras acciones a través de los más de 100 grupos de activistas que existen en todo el Estado, de la red de acciones urgentes, las ciberacciones o con una humilde pero valiosísima aportación económica que garantiza nuestra independencia de gobiernos, partidos y otros grupos de presión.

P. – ¿En qué debería mejorar Amnistía Internacional?
R.- Por un lado creo que Amnistía Internacional ha de conseguir conectar con mucha más gente que cree en el activismo y que quiere organizarse y llevar a cabo acciones de solidaridad internacional en defensa de los derechos humanos. Convencerla de que es una herramienta útil para defender sus derechos y, especialmente, los de aquellas personas que sufren las más graves violaciones de derechos humanos en el mundo. Por otro lado hemos de aumentar nuestro trabajo sobre aquellas regiones del mundo donde se viven las más graves y masivas violaciones de los derechos humanos, como es el caso de África, y fortalecer el mensaje de que los derechos económicos, sociales y culturales, como la vivienda, el acceso a la salud o la educación son tan respetables y exigibles como la libertad de expresión o el derecho a no sufrir torturas. La liberación del ser humano del temor y la miseria son ideas inseparables.

P. – ¿Con qué ideas, planes y retos llega Alfonso Sánchez Ramírez a la presidencia de Amnistía Internacional
R.-Los retos más importantes para los próximos años será impulsar la campaña Mi cuerpo, mis derechos, que combatirá aquella leyes que pretenden controlar o criminalizar los derechos sexuales y reproductivos y hacen que miles de mujeres y niñas en todo el mundo sufran abusos sexuales, tengan problemas de salud por embarazos tempranos o indebidamente atendidos o mueran por abortos no seguros, así como aquellas leyes que hacen que las conductas homosexuales sean ilegales en al menos 76 países.

De igual manera, trabajaremos por poner de nuevo en el centro del debate de derechos humanos la ilegal, salvaje e inhumana práctica de la tortura. Aunque hace 30 años se prohibió globalmente, la lucha contra la tortura no ha terminado. Hemos de interponernos entre los torturadores y sus víctimas, exigiendo que haya abogados en los interrogatorios, médicos para examinar a las personas detenidas y que los responsables de torturas sean puestos a disposición judicial. En breve lanzaremos esta campaña que se denominará Stop Tortura.

Por otro lado Amnistía Internacional ha de estar preparada para dar respuestas a las crisis de derechos humanos como las que se están viviendo en la República Centroafricana, en Sudán del Sur o en Siria, enfrentando la impunidad y las limitaciones a la jurisdicción universal así como manteniendo nuestro trabajo en relación a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.

En España y Europa hemos de contribuir a que se de marcha atrás a las medidas de austeridad que han convertido la crisis económica en una crisis de derechos humanos y a no permitir que el derecho a la protesta se vea amenazado como está ocurriendo en los últimos tiempos.

Asimismo hemos de seguir denunciando las políticas de control fronterizo de la Unión Europea que amenazan la vida y los derechos de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados y mantener los esfuerzos encaminados a la abolición de la pena de muerte.

P. – AI emprende campañas a nivel global pero se la echa en falta en la acción local ¿a qué se debe esta política?
R.- Amnistía Internacional también se preocupa de los problemas locales, a los cuales estamos prestando una atención creciente en los últimos años. Abordamos desde temas ya clásicos en nuestro trabajo como son los abusos policiales, las políticas de inmigración, la justicia internacional, los crímenes del franquismo o el comercio de armas hasta aquellos relacionados más directamente con la crisis económica / de derechos humanos, como son el derechos a la vivienda, el acceso a la salud o la libertad de expresión y manifestación pacífica, como puede comprobarse en nuestro último informe titulado España: el derecho a protestar, amenazado,donde, por cierto, se incluyen casos de manifestantes castellano-manchegos.

P. – ¿Qué opina el presidente de Amnistía Internacional del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana?
R.- Se trata de una amenaza a la legítima protesta social. Algo ante lo que no podemos permanecer callados. De aprobarse el anteproyecto actualmente sometido a debate, proporcionaría a las autoridades policiales herramientas adicionales para restringir injustamente los derechos de los manifestantes. Tanto las reformas previstas de la Ley sobre protección de la Seguridad Ciudadana como la del Código penal pretenden aumentar el ámbito de utilización de la legislación penal y administrativa, a través de multas, para restringir y sancionar el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Toda reforma de la legislación actual debería servir para lo contrario, para incrementar la protección de los derechos de los manifestantes, empezando por introducir en la ley española la posibilidad de celebrar manifestaciones espontáneas, conforme prevén las normas internacionales.

P. – ¿AI se financia a sí misma o recibe también subvenciones de algunos gobiernos? Si es así ¿son verdaderamente independientes en el diseño de sus campañas?
R.- En Amnistía Internacional desarrollamos nuestro trabajo con absoluta independencia económica y política. Los ingresos de la Sección española de AI los obtenemos de las contribuciones de los socios y socias, de donaciones, legados y otras actividades de captación de fondos, como ventas de camisetas, etc.

La independencia es, como la solidaridad internacional, otro de los principios fundamentales de Amnistía Internacional y uno de los motivos por los que mucha gente se suma a nuestra organización, como ha venido ocurriendo en los últimos años en los que, pese a la crisis, hemos aumentado nuestra base social y, por tanto, fortalecido nuestra independencia económica.

P. – ¿A qué obedecen las campañas de AI contra Irán? ¿Es cierto que allí lapidan a las mujeres por una infidelidad matrimonial o es más bien un asunto marketing de AI para despertar la indignación de la población y que así se rasquen los bolsillos? (Por poco que se investigue el asunto uno se entera de que más bien las condenan a muerte, no por lapidación ni por infidelidad sino por haber asesinado a alguien, igual que se hace en EEUU y en otros países «civilizados»).
R.- Todos los casos que AI denuncia son documentados y no responden nada más que a nuestro compromiso con la actuación eficaz en favor de víctimas concretas. En Irán, pese a que el ahorcamiento es el método más común, desde la Revolución Islámica de 1979, Amnistía Internacional ha documentado al menos 77 lapidaciones, aunque la cifra puede ser mayor, dado que no se tienen datos del 79 al 84.

El código penal iraní contempla la ejecución por lapidación tanto para hombres como para mujeres y en Amnistía Internacional pensamos que la lapidación agrava la brutalidad de la pena de muerte y es un método concebido para aumentar el sufrimiento de la víctima.

Afortunadamente la lapidación es una práctica cerca de desaparecer en el mundo. En los últimos años no hemos tenido noticias de este tipo de ejecuciones salvo en Afganistán e Irán.

Amnistía Internacional no realiza campañas contra ningún país sino que pretende avergonzar a los gobiernos que cometen las más graves violaciones de derechos humanos, allí donde se produzcan. Denunciamos y nos movilizamos contra la pena de muerte en todo el mundo, también en Estados Unidos, único país ejecutor de América y uno de los cinco países donde el Estado ejecuta a más personas del planeta.

P. – ¿Cómo podrías explicar al padre de una niña violada y asesinada que su asesino no debe ser condenado a muerte?
R.- La ira que sienten las víctimas de delitos violentos o sus familias hacia los responsables de estos es comprensible, pero no puede utilizarse para justificar la violación de los derechos humanos de las personas condenadas por estos delitos. Si tuviera la oportunidad de hablar con esa persona, en primer lugar haría énfasis en el carácter irrevocable y la crueldad inherentes a la pena de muerte. Además, le comentaría que muchos familiares de víctimas de asesinatos de oponen a la imposición de la pena de muerte en nombre de sus seres queridos. Y para ello podría citar a Marie Deans (de la Asociación de Familias de Víctimas de Asesinato por los Derechos Humanos de EEUU), quien afirmó: “Por experiencia propia sabemos que la venganza no es la respuesta. La respuesta está en reducir la violencia, no en causar más muertes. La respuesta está en apoyar a quienes sufren por la pérdida de sus seres queridos, no en causar dolor a más familias [ejecutando a uno de sus miembros]. Es hora de romper el ciclo de violencia”.

P. – ¿AI piensa que habría que dejar pasar a España a los subsaharianos que así lo deseen y, por tanto, eliminar la valla de Melilla?
R.- Si bien los Estados tienen derecho a regular la entrada en su territorio, Amnistía Internacional viene denunciando que los Estados miembros incumplen miserablemente sus obligaciones respecto a la UE y los tratados internacionales de proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la pobreza, los conflictos y los abusos contra los derechos humanos

En particular en España, pedimos que no se produzcan “expulsiones de inmigrantes en caliente”, entre quienes pueden encontrarse solicitantes de asilo, por ser una práctica ilegal. Así mismo, hemos exigido que se depuren responsabilidades por la tragedia de Ceuta de febrero pasado en la que murieron al menos 15 inmigrantes cuando trataban de alcanzar la playa del Tarajal.

P. – ¿Es realmente posible llevar la democracia a los países en vías de desarrollo donde la población ni siquiera sabe leer y es fácilmente manipulable?
R.- La pobreza es la peor crisis de derechos humanos y no tiene nada de inevitable. A las personas que viven en la pobreza se les niegan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Si eres una persona que vive en un barrio de infraviviendas, se te niega el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la información, a la integridad física, a no sufrir violencia, a la igualdad ante la ley, a un juicio justo y a interponer un recurso si violan tus derechos; en definitiva, se te niegan la libertad y la justicia. Por tanto, el respeto y la promoción de los derechos civiles y políticos y de los económicos, sociales y culturales han de ir de la mano. No se entienden los unos sin los otros.

P. – La defensa de la libertad de conciencia es un aspecto angular en el trabajo que desarrolla Amnistía Internacional desde su origen. ¿Considera que las instituciones religiosas, y en particular la Iglesia católica, contribuye a la coacción de creyentes y no creyentes en algunas de sus actuaciones, por ejemplo, a la hora de tener un estatuto jurídico y económico privilegiado en España?
R.- Amnistía Internacional se dirige principalmente a los gobiernos, que son quienes tienen la obligación de proteger, respetar y promover los derechos humanos. Sin embargo, no dudaremos en denunciar los abusos contra los derechos humanos legitimados a través de doctrinas laicas o religiosas, y pediremos que sus autores rindan cuentas. Cualesquiera que sean las creencias religiosas que se tengan, los Estados no pueden utilizar la observancia religiosa para justificar la negación de los derechos humanos, como por ejemplo, el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva.

P. – ¿Cómo valora AI-España que la nueva ley educativa propuesta por el partido en el gobierno mantenga el adoctrinamiento religioso a menores con recursos económicos públicos?
Lo que a Amnistía Internacional le parece un retroceso inaceptable en relación a la LOMCE, es la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Ha sido una pelea de muchos años de la organización hasta que se consiguió. Con la nueva ley los derechos humanos prácticamente desaparecen del currículo. Millones de estudiantes de primaria y secundaria no estudiarán durante la enseñanza obligatoria sobre la igualdad entre hombres y mujeres, violencia de género, racismo, homofobia o pobreza. Amnistía Internacional no tiene un posicionamiento sobre la asignatura de religión.

P. – ¿Qué valor posee para AI-España el Estado laico?
R.- Amnistía Internacional no tiene una postura sobre el Estado laico como tal, pero sí defiende la libertad para elegir o no una religión y a su vez denuncia todo tipo de discriminación que pueda ejercer el Estado por motivos religiosos.