El Sindicato Unificado de Policía entra en conflicto con la dirección general y pide la eliminación del anteproyecto de ley de Personal

El Sindicato Unificado de Policía «ha entrado en conflicto» contra la Dirección General de la Policía, según señala en una nota remitida a los medios. Hoy mismo ha convocado una concentración frente a dependencias policiales de toda España, incluida Ciudad Real, en protesta «contra la últimas decisiones de la administración que perjudican al colectivo». Entre ellas, la «falta de negociación» con las organizaciones sindicales representativas; la deficiencia del equipamiento; o el anteproyecto de la Ley de Personal, que supone «retrocesos» sobre los derechos adquiridos. También exigen la depuración de las responsabilidades sobre lo sucedido el 22M.
policía
Reproducimos en su integridad el manifiesto leído hoy:

MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS PROFESIONALES

Nos encontramos hoy aquí, para manifestar nuestro total desacuerdo con la forma de proceder de la Dirección General de la Policía.

Acabamos 2013 con problemas, como ya es habitual, por la mala gestión de la Dirección General de la Policía en la concesión de condecoraciones. Algo sobre lo que no cabe la menor duda de que se hace arbitrariamente y con criterios que no son ni objetivos ni honestos.

Este año 2014, no ha supuesto ninguna mejora. Nos sorprenden noticias que hacen referencia a la posible adquisición de gafas Google, mientras hay salas de espera para ciudadanos en unas condiciones penosas, instalaciones policiales precarias para policías y usuarios de este servicio público, grupos de UPAP saturados que no disponen de vehículos policiales para las labores de protección a las víctimas de violencia de género, una oferta de empleo público incapaz de reponer la cifra de jubilaciones, todo un cúmulo de circunstancias que redundarán negativamente en el servicio y atención que nuestro colectivo debe prestar a la ciudadanía.

Los responsables de la Dirección General siguen aplicando métodos faltos de rigor, despreciando a las organizaciones sindicales con hechos tales como:

 La reciente regulación sobre uniformidad encubriendo el cambio de divisas, algo innecesario e inútil y que sólo supone un gasto inoportuno que no mejora nada la clarificación de escalas y categorías.

 La estética militar que no deja de avanzar en un colectivo de carácter civil, unido a nuevos usos religiosos que acompañan las juras, imponiendo unas creencias de ámbito puramente privado en el funcionamiento del CNP.

 Lo ocurrido en la “Marcha por la Dignidad”, el pasado 22 de marzo, donde los graves errores del dispositivo que contaba con una de las más elevadas cifras de efectivos fueron evidentes, y que se saldó con la penosa cifra de 67 policías heridos. Todo por la incompetencia de algunos mandos y la deficiente coordinación de quienes debían estar en el lugar adecuado y gestionar su funcionamiento en el más alto nivel. Con una Información reservada que no sirvió para aclarar nada, y sí para justificar a los máximos responsables, incluido el director general de la policía, quien “limpió” sus errores con el cese del eslabón más bajo de la cadena de mando, el jefe de la I UIP; el que menos “implicaciones políticas” y “conflictos de intereses “le supone al señor Cosidó.

 Ahora un anteproyecto de Ley de Personal que supera, en sentido negativo, al presentado en 2012, recogiendo aspectos tales como:

o El cambio de la denominación de CNP a Policía Nacional, devolviéndonos a épocas anteriores a la unificación, que supondrá un gasto considerable de dinero para cambiar toda la rotulación.

o La creación de nuevas categorías y denominaciones con tintes castrenses, ralentizando la promoción de la carrera profesional. Situación que se agravará con la posibilidad de que las corporaciones locales y autonómicas de policía accedan al Cuerpo y a cualquier categoría, sin necesidad de superar una oposición.

o La eliminación del derecho adquirido hasta este momento para permanecer en activo voluntariamente hasta la edad de jubilación, ya que sólo podrán tener esa opción quienes ocupen determinados puestos,
medida que claramente beneficia a escalas y a destinos concretos,
facilitando como siempre, las arbitrariedades. Ampliando la obligatoriedad
de permanencia según la escala.

o Una proliferación de condecoraciones policiales que modifican
sustancialmente la norma actual. Nada menos que 22 frente a las 4 de
ahora, y un nuevo mérito a valorar, “el patriotismo”, decisivo para ajustar
el mayor o menor nivel de condecoración pensionada. Algo que estamos
convencidos de que no repercutirá en beneficio de quienes más y mejor
trabajan, ni de quienes integran las escalas más inferiores del escalafón.

o La desconsideración hacia la carrera profesional de los policías, a su
promoción, sin avances sobre la creación de la escala facultativa y técnica;
la exigencia de titulación de grado para escala Ejecutiva y bachiller para
Básica, todo dentro de la incompetencia de nuestros responsables
máximos para diseñar un sólido modelo de carrera policial homologable
por el Ministerio de Educación; el requisito de titulación asociada al grupo
de clasificación administrativa que se corresponda con la escala a la que se
quiere ascender; un sistema de concurso oposición y antigüedad selectiva
para el ascenso a todas las categorías, menos a la de Comisario General.

o Un seguro de responsabilidad civil para fianzas e indemnizaciones por
actuaciones profesionales, precario y poco definido que provocará la
indefensión a los policías

Todo unido a la urgencia injustificada, a estas alturas, de tramitar una Ley que no respeta el ejercicio de la actividad sindical, ni garantiza los derechos de los miembros del CNP.

Esta ley no saldrá con nuestro voto favorable en el Consejo de la Policía y si se aprueba así, conllevará la adopción de medidas de presión, motivo por el que hemos declarado el conflicto colectivo de trabajo motivo por el que nos encontramos hoy aquí.

Desde el Sindicato Unificado de Policía, pedimos:

a) Compromiso de la Administración de negociar con las organizaciones sindicales representativas, y no actuar unilateralmente.

b) Depuración de las responsabilidades en su más alto nivel, policial y político, sobre lo sucedido el 22M.

c) Eliminación del anteproyecto de la Ley de Personal, de todos los contenidos que supongan retrocesos sobre los derechos adquiridos en el CNP.

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