De los 164 millones de euros que la Corporación Socialista, presidida por José Fernando Sánchez Bódalo como alcalde y Ana Belén Tejado como concejal de Hacienda, dieron a empresas en forma de subvenciones vinculadas a la creación de empleo, la mitad, 82 millones de euros, se otorgaron sin control y sin ser posteriormente justificadas por las beneficiarias. Así lo ha asegurado este martes el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Puente, tras conocer los resultados de un informe sobre el control y supervisión de las subvenciones municipales concedidas entre 2003 y 2010.
Puente ha explicado que cuando se da una subvención, después la empresa que la recibe tiene que justificar en qué ha invertido ese dinero para que la administración que las concede tenga la seguridad de que ese dinero público, de todos los ciudadanos, se ha empleado correctamente y, si no ha sido así, requerir su devolución. Sin embargo, ni Bódalo ni Tejado pidieron justificación alguna sobre la utilización de esos 82 millones de euros que salieron de los bolsillos de todos los alcazareños.
Pero es más, las empresas beneficiarias de esas subvenciones son las mismas a las que el Ayuntamiento pagaba las obras que se hacían en nombre de Aguas de Alcázar, lo que Puente consideró irónicamente como “una casualidad”. “Esto en cualquier ciudad normal llevaría a dimitir a Bódalo y Tejado por vergüenza; pero aquí no, aquí siguen amenazando y presionando al equipo de Gobierno por arreglar lo que nos han dejado y siguen saliendo en los medios para pedir la reprobación de los concejales que no les gustan”, afirmaba el portavoz municipal, quien añadía que estamos ante “uno de los mayores escándalos de toda la geografía nacional”, llegándolo a comparar con el caso de subvenciones fraudulentas que están saliendo a la luz en el Gobierno de Andalucía.
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local va a aprobar reclamar a las empresas que no justificaron las subvenciones recibidas su devolución “porque se trata de dinero de los vecinos que debería haberse dedicado a crear puestos de trabajo y no ha sido así”.
Por otra parte, Puente también se ha referido a los recursos que presenta el PSOE contra los proyectos del equipo de Gobierno ante el Tribunal Administrativo Central de los Recursos Contractuales, que ha atendido y admitido todos ellos, y aún falta por conocer la resolución del último recurso, referido al proyecto de reforma del recinto ferial. En relación a este asunto, el portavoz municipal leyó literalmente lo que la carta de presentación del presidente de esta institución dice sobre su propio funcionamiento. En varios de los párrafos de dicha carta, el presidente se refiere a la necesidad de elaborar las resoluciones en un plazo de tiempo lo más breve posible. Incluso el artículo 47.1 de dicho tribunal habla de dictar las resoluciones en un plazo de cinco días hábiles desde la contestación de las partes.
Pues bien, el último recurso se presentó el 18 de marzo, por lo que Puente considera más que sobrepasado el plazo que el propio tribunal se da a sí mismo para el dictado de las resoluciones. “Se debería haber resuelto a finales de marzo, estamos casi en mayo y seguimos sin resolución, sabiendo en el tribunal que se está poniendo en peligro una subvención de cinco millones de euros de los fondos europeos Feder”, comentaba Puente, quien añadía que cuando desde el Ayuntamiento se ha llamado al tribunal para preguntar por la dilatación injustificada de este proceso, la respuesta ha sido “tranquilícese, señorita”.
Además, para tratar de comprender por qué el tribunal le da siempre la razón al PSOE y tarda tanto en esta última resolución que perjudica la obra del recinto ferial, destinada a crear empleo en Alcázar, Puente ha explicado que se trata de un organismo creado a finales de 2010 por el Gobierno de Zapatero y con unos vocales que son ex altos cargos del Ministerio de Administraciones Públicas en tiempos de Elena Salgado como ministra; vocales que por la propia configuración del tribunal no se pueden sustituir aunque se haya producido, como en este caso, un cambio del Gobierno central.
Para el portavoz municipal, estos datos reales y objetivos podrían justificar las “extrañas” decisiones que está tomando el Tribunal Administrativo Central, que no está formado por “amigos del PP”, como dijo Sánchez Bódalo en rueda de prensa, sino precisamente por ex altos cargos del PSOE.
Por último, Ángel Puente se refirió a una de las últimas acciones de la plataforma del agua, que ha consistido en visitar las sedes en Madrid de las empresas que presentaron proyectos para formar parte de la nueva sociedad mixta en que se va a convertir Aguas de Alcázar. Puente habló de actitudes “amenazadoras y chantajistas”, ya que según han explicado algunos directivos de dichas empresas, los miembros de la plataforma han advertido “en nombre de los vecinos de Alcázar” de que no serán bien recibidos en la localidad si pretenden formar parte de dicha sociedad mixta. “Esto no es el oeste ni el siglo XVIII, esto es una democracia, y los miembros de la plataforma no son nadie para decir que representan a todos los vecinos ni para ir amenazando a las empresas”, concluyó.
