Lucio A. Muñoz. Socio director de Eurogroup Human Resources.- Si estudiáramos las características internas del Gobierno mediante un análisis DAFO, descubriríamos que entre las muchas debilidades que afectan al ejecutivo liderado por Rajoy destaca sobremanera la relativa a su nula capacidad de innovación.
A medida que avanza la legislatura, podemos comprobar que el Gobierno actual se está limitando a copiar las políticas, y la forma de llevar a cabo las mismas, del Gobierno anterior de Zapatero.
Indudablemente, se trata de una estrategia equivocada, tanto en cuanto la figura del imitador rara vez tiene éxito, menos aún en este caso concreto en el que la versión original constituyó un fracaso absoluto.
Al respecto y estableciendo un paralelismo con el mundo de la gestión empresarial, los libros de Management reseñan numerosos casos referidos a empresas competidoras que han tratado de mejorar el modelo de negocio y las ventajas competitivas del líder del mercado, que lógicamente siempre es una compañía de éxito. Por el contrario, las empresas que no han triunfado suelen constituir una referencia para que los futuros emprendedores puedan aprender las lecciones propias de un fracaso empresarial.
Contradictoriamente, el Gobierno del PP no es capaz de aprender del fracaso, debido a que actualmente es una empresa que ha renunciado a diferenciarse y, en función de ello, puede ser penalizada por muchos de sus clientes, que se sienten estafados al comprobar que compraron un producto commodity y, además, de imitación made in Zapatero.
El Gobierno socialista anterior, un referente en marketing político, fue un maestro en el arte de lanzar bombas comunicativas con el único objetivo de lograr el mayor nivel posible de ruido mediático e impacto social. Evidentemente, estas planificadas operaciones de imagen política e institucional eran, en realidad, simples anuncios sin ninguna ejecución posterior.
Pero el Gobierno del PP se ha propuesto mejorar la técnica relativa a la venta de humo, ya de por si bastante depurada por numerosos ideólogos pertenecientes a los dos grandes partidos políticos españoles.
La última mascarada político mediática se denomina Reforma Fiscal. Las marionetas del ministro Montoro, es decir, el comité de sabios, a través de la citada reforma, se han marcado el objetivo de embaucar a los contribuyentes para que crean que bajarán los impuestos cuando en realidad se trata de una simple redistribución de la carga fiscal. La ínfima bajada de la fiscalidad directa no compensará la subida de la fiscalidad indirecta. Por tanto, el verdadero propósito de la reforma es recaudar (mejor dicho, expoliar) más aún o, como mínimo, lograr que la recaudación no baje del 37% del PIB.
El Gobierno se ha convertido en un especialista en elaborar interesados enunciados políticos con la intención de hacer creer a los españoles que todo va a cambiar para que nada cambie.
Una Reforma Laboral a medio hacer, carente de “flexiseguridad” y sin profundidad. La archifamosa Reforma de la Administración, que no será desarrollada en la presente legislatura. Una engañosa Ley de Emprendedores, que trata de convertir a los nuevos empresarios en meros esclavos fiscales para que ayuden, vía pago de impuestos confiscatorios, a financiar el gasto público-político improductivo de la Administración. Una difusa Ley de Transparencia, cuyo objetivo no es luchar contra el tsunami de corrupción política que ha hundido a la economía española. La anticonstitucional Reforma del CGPJ, que riéndose de la democracia ha politizado más aún a la Justicia. La Marca España, una auténtica arlequinada que está intentando tapar la corrupción política y el despilfarro del dinero público. Etc.
Ni siquiera es capaz el Gobierno de eliminar automáticamente el actual modelo corrupto de formación de los trabajadores, cuya gestión ha sido otorgada histórica, incomprensible y mayoritariamente a los sindicatos de clase. Máxime, conociendo que la formación se utiliza como un método ilegal para financiar a algunas organizaciones sindicales y empresariales. Aunque ya ha anunciado el Gobierno una “pseudoreforma” al objeto de aparentar que el referido modelo será modificado.
¿Los españoles han asumido que la manipulación informativa sea uno de los ejes sobre los que gire la política en España, independientemente del partido que gobierne?
Según unas recientes declaraciones del ministro Montoro, “la crisis económica de España es la crisis del empleo”. Seguro que multitud de españoles analizarían de otro modo la situación económica y laboral de España y, en función de ello, señalarían a la corrupción política, la malversación de caudales públicos y el secuestro de la Justicia como la “línea de falla” sobre la que se ha producido el terremoto de la crisis en nuestro país. Y al desempleo como una consecuencia de lo anterior.
Cada vez más españoles consideran que el enfoque de la crisis, que los dos principales partidos políticos han querido vender a la sociedad con el objetivo de evadir responsabilidades y lograr una imagen distorsionada de la misma, no es el correcto. En otras palabras, la crisis económica en España es un engaño a los ciudadanos.
La actual desigualdad social en España es fruto de los abusos del poder político y económico. Y el Estado del bienestar en nuestro país ha sido sustituido por el “bienestar del Estado” y de todos sus protegidos.
¿A alguien le sorprende que España se haya convertido en una fábrica de producir “ninis”?
El PP y el PSOE están intentando transmitir el mensaje referente a que el actual sistema es la única fórmula política que garantiza la gobernabilidad y la estabilidad de España. Lo único que protege nuestra dictadura bipartidista son los privilegios y la impunidad de la casta política y su clientela. En cambio, el desempleo y la pobreza son patrimonio de los españoles que se encuentran fuera del sistema.
«El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sigue acumulando indicios de que el PP pagó con dinero negro las obras de su sede central en la calle Génova 13 de Madrid. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía “viene a confirmar”, segun el magistrado, las entregas de dinero negro al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la remodelación de las oficinas principales de la formación conservadora por importe global de 888.000 euros, según recogió el extesorero del PP Luis Bárcenas en su contabilidad b.»
El País de hoy.