El Pleno de la Diputación ha desestimado recursos presentados por los ayuntamientos de Malagón, Villarrubia de los Ojos, Almodóvar del Campo y Bolaños de Calatrava en los que solicitaban, en base a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que la institución provincial asumiera la prestación del Servicio de Extinción de Incendios de forma gratuita para los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Los cuatro consistorios han pedido, igualmente, que las detracciones que hace la Recaudación provincial, con el objetivo de cobrar el Servicio de Extinción de Incendios, les sean devueltas.
No se han estimado los recursos atendiendo a sendos informes técnicos que hacen referencia a que el servicio de Extinción de Incendios sigue siendo una competencia municipal, aunque de carácter subsidiario para las Diputaciones en el caso de que los municipios no quieran prestarlo voluntariamente, pero ello no implica, según remarcan los técnicos, que deba ser gratuito. Consideran, asimismo, que el servicio de Recaudación ha de seguir reteniendo las cuantías para contribuir al mantenimiento del Consorcio contra Incendios y Salvamento (SCIS).
Así las cosas, el vicepresidente Antonio Rodríguez, que ha actuado de portavoz del Equipo de Gobierno durante la sesión ordinaria de esta mañana, le ha ofrecido al Pleno y, por tanto, al portavoz popular, David Marín, la creación de una comisión especial que lleve a cabo la adaptación de los estatutos a las cuestiones controvertidas como la que se ha debatido hoy en el plazo de un año. «Esto hay que hacerlo con cabeza, tranquilidad, sosiego, pensándolo y meditándolo», ha dicho Rodríguez, quien ha recordado, por otro lado, que un ayuntamiento, en clara alusión a los consistorios que han recurrido, no puede ir en contra de sus propios actos, ya que si voluntariamente pertenece al SCIS, tiene que asumir la parte que le corresponde de la distribución de gastos que se aprueban en una asamblea general anual.
Marín, por su parte, ha analizado y expuesto de manera muy distinta la cuestión a debatir. Ha asegurado que la competencia del Servicio de Extinción de Incendios es propia de la Diputación para los pueblos de 5.000 a 20.000 habitantes, por lo que ha dicho estar sorprendido que la institución haya resuelto desestimando e intentando buscar «una artimaña jurídica y legal para rebatir argumentos claros que le dan la razón a los ayuntamientos» que han recurrido. Ha advertido, ademas, una maniobra de demora porque tiene que aportar 2 millones de euros para hacer frente a las cuotas de los pueblos en el SCIS.
Otro asunto que ha centrado el debate político en el Pleno ordinario de hoy ha sido la aprobación de una modificación de créditos que el grupo popular ha votado en contra porque incluía las indemnizaciones que recibirán las trabajadoras del Centro de la Mujer, en cumplimiento de la sentencia que se hizo pública recientemente. Marín ha afirmado que el fallo judicial únicamente anula el convenio mediante el que la Diputación cedió al Ayuntamiento de Ciudad Real el centro, por lo que entiende que la situación debe ser la misma que había antes de la firma del citado acuerdo.
Ha lamentado a continuación que no se haya expuesto una razón de peso para justificar el cierre definitivo del centro. Y ha añadido que únicamente existen motivos políticos, porque una de las plazas corresponde a la alcaldesa de Ciudad Real, que estaba en situación excedencia.
El vicepresidente José Fernando Sánchez-Bódalo ha precisado, a este respecto, que no se trata de un problema de competencia porque está resuelto y han estado de acuerdo el Ayuntamiento de la capital y la Diputación. Tampoco se ha producido, a su juicio, un problema de compromiso con las mujeres, «porque nunca ha habido desatención», sino que «se ha producido un problema de intereses personales que se ha generado porque la alcaldesa de Ciudad Real ha pretendido hacerse trabajadora fija, cuando no lo era ni en la Diputación y ni en el Ayuntamiento de Ciudad Real».
«Esta institución decidió no prestar este servicio hace dos años y todos estuvimos de acuerdo, se firmó un convenio que se ha anulado por sentencia y ahora nosotros la cumplimos indemnizando a las trabajadoras», ha señalado Sánchez-Bódalo.
El Pleno ha comenzado, como desgraciadamente viene siendo habitual, con un minuto de silencio por la muerte de seis mujeres víctimas todas ellas de la violencia de género en diversos puntos del territorio nacional desde que se celebró la última sesión. También se ha recordado, en esta ocasión, a Adolfo Suárez, el primer presidente del Gobierno de España en la etapa democrática. Y se ha procedido a la lectura de una declaración institucional que ha sido suscrita por los portavoces de ambos grupos y que, en palabras del presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, «tiene el valor y el sentimiento de un país, en este caso de una provincia, sensibilizada y agradecida a una personalidad política que hizo de la concordia su principal seña de identidad».
