Javier Fisac Seco. Historiador, caricaturista y analista político.- Existen diferentes formas de ejercer una dictadura. Tradicionalmente se ejerce con una monarquía absoluta, una dictadura militar, una dictadura de partido o una teocracia civil, militar o religiosa. Hoy día invocando el falso, confuso y contradictorio concepto de “libertad religiosa”, se puede imponer una “dictadura moral”, dejando intacto el funcionamiento orgánico de la democracia representativa.
De manera que, bajo una apariencia de democracia tenemos una dictadura moral. El modelo ya lo habían inventado los calvinistas. Ahora tratan de imponerlo los católicos. Y fue León XIII quien lo justificó instrumentalizando el concepto religioso de “accidentalidad” de las formas de gobierno, aplicado durante la IIª República para luchar contra la República laica.
Cualquier democracia representativa puede estar gobernada, legalmente, por una dictadura moral impuesta por un gobierno legal, al servicio de una religión o una alianza de religiones monoteístas. Impidiendo, de esa manera, el ejercicio de los derechos individuales. Los ciudadanos pueden vivir de acorde a las libertades morales conquistadas, ignorando la moral religiosa, pero a partir del momento en el que se articula la moral religiosa en el Código penal, ya no pueden seguir viviendo de espaldas a las religiones. Bajo pena de cárcel y excomunión estarán obligados a cumplir esa moral impositiva.
Resulta paradójico que cuando la ONU exige a la Iglesia transparencia, publicidad y condena de los delitos cometidos por sus miembros, la Iglesia católica acuse a la ONU de obstruir el ejercicio de la “libertad religiosa”, que ella se atribuye como un derecho propio para sí misma, como un privilegio por encima del principio de igualdad ante la ley.
Resulta, sin embargo, que la ONU condena no el ejercicio de un derecho sino a una institución, la Iglesia, por proteger un delito. Que ella trata de amparar bajo el concepto de “libertad religiosa”. Ocurre que la Iglesia, y en general las religiones monoteístas, como el Islam, están haciendo un uso particular y privilegiado de un derecho privado y universal, cuando ninguna institución, religiosa o no, puede tener derechos individuales.
La Iglesia por no ser una “persona física” sino, como ella misma se autodefine, una sociedad perfecta, nunca podrá ser sujeto de derechos individuales, universales y humanos. Y la libertad religiosa sería, en el mejor de los casos, un derecho individual. Estos derechos los ejercen los individuos no los poseen las instituciones. Y los individuos los ejercen siempre que no obstruyan su ejercicio. De manera que ni pueden ejercer contra sí mismo ni contra otros ciudadanos la “libertad religiosa” para imponerse o imponer una dictadura moral. La libertad moral está por encima de las religiones, que no pueden utilizar la libertad para imponer sus valores. O eso o perdemos todos los derechos individuales.
Cuando un partido, el Partido Popular, en la actualidad, utiliza la legalidad para imponer la doctrina cristiana utilizando el Código penal como instrumento inquisitorial, esto mismo lo hacía la Inquisición, los ciudadanos, que eran libres, quedan en una condición de súbditos de la doctrina cristiana. El Poder civil impone, por esta vía, el Poder moral de la religión católica. Convirtiendo su gobierno en un gobierno bajo influencia clerical que gobierna teocráticamente. Y podemos seguir viviendo en una democracia representativa pero sin derechos individuales. Y no pasa nada.
Pero como sólo existe un fundamento de legitimidad, los derechos individuales, porque su ejercicio es la única garantía que tenemos de que nadie utilice el poder legal, elegido por los ciudadanos, para instaurar una forma dictatorial de gobierno, como hizo Hitler., cuando el Poder legal gobierna contra el fundamento de legitimidad, pierde este fundamento y es inconstitucional por perder su legalidad de origen.
Actualmente estamos siendo víctimas de la imposición sistemática de la doctrina cristiana. Instaurando, de esta manera, una dictadura moral. Y aquí parece que no pasa nada. El Partido Popular está dando un golpe de Estado desde la legalidad contra la legitimidad. Los ministros más ideologizados, Wert en Educación y Gallardón en Justicia están poniendo en práctica los fundamentos de esta “Dictadura moral” que estamos empezando a padecer.
Empezaron con algo que parecía de poca importancia porque nadie tendría el valor de denunciarlo: elevaron la edad de ejercicio de la libertad sexual de los 13 a los 16 años. De golpe, nos devolvieron a los calabozos inquisitoriales y franquistas. Argumento, porque nos da la gana. Aplicaron la encíclica de Pío XI, “Castii connubi” y el documento del Consejo pontificio contra la práctica de la sexualidad titulado: “Sexualidad humana: verdad y significado. Orientaciones educativas en la familia, 1985”. Fue el primer aviso de por dónde venía la instauración de esta dictadura. Y nadie se dio por aludido, excepto sus víctimas, los adolescentes.
Continuaron impulsando la desigualdad de sexos en la educación, echando abajo con argumentos tridentinos, medievales y de gente reprimida y sexualmente obsesa, la coeducación. Aplicaron aquí la encíclica del papa Pío XI, el papa fascista por excelencia, llamada “Divini illius magistri”.
Continúan con la obstrucción de la distribución de anticonceptivos y la píldora del día después, acogiéndose a la libertad de conciencia, ellos que son dogmáticos y ortodoxos, aplicando la encíclica “Humanae vitae”. Contra el control de la natalidad y contra los anticonceptivos.
Califican la homosexualidad y el lesbianismo de enfermedad mental, ellos que hacen voto de castidad poniendo en evidencia, según Freud, su patología sexofóbica y su estado permanente de represión sexual y deciden, porque les da la gana, prohibir la libertad de homosexuales y lesbianas de contraer matrimonio, si les da la gana.
Imponen la doctrina cristiana como asignatura en el sistema educativo a pesar de que existe la libertad moral y la religiosa contra la imposición de ninguna creencia; a pesar de que esa doctrina es la negación del fundamento de las libertades y de la Constitución: los derechos individuales y a pesar de la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado. Actúan, a sabiendas, contra los fundamentos de la Constitución. Y aquí no pasa nada. Estamos en una situación lo más parecida a la instauración pacífica de la dictadura nazi. El método de destrucción de las libertades es el mismo.
Ahora, le ha tocado la lucha contra las libertades de las mujeres a tener su propio yo, su propia identidad y decir por sí mismas lo que les afecta a ellas. Y deciden, porque les da la gana, reducir el derecho al aborto a una situación regulada por la doctrina cristiana y de imposible cumplimiento.
El machismo, el antifeminismo y la homofobia vuelven a ser el fundamento de la moral que tratan de imponernos. Argumentos, porque les da la gana. Rasgos identitarios de toda persona autoritaria, reprimida, cabreada y dogmática y de todo Estado autoritario y represor. Y porque lo sancionan la Biblia, el Corán y los padres de la Iglesia. La Biblia, desde sus comienzos en el Génesis codena a la mujer. En el Génesis 16, dijo dios a la mujer: “Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo; con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti”. La Dictadura moral es el instrumento de dominación del clero y de los gobiernos autoritarios.
No existe Poder sin represión sexual. Todo Poder es machista, autoritario, antifeminista y homófobo porque sin estas cualidades no podría dominar moralmente aunque dominara por la brutalidad de la fuerza física. Una dictadura militar necesitaría, también, de una dictadura moral. Casos del fascismo y del franquismo. La Institución clerical católica contiene en sí misma toda la substancia de estas cualidades. Todas sus ambiciones se concentran en la “voluntad de poder absoluto”. La moral es el instrumento al servicio de esa voluntad de poder. Necesitan reprimir porque es la única manera de hacer visible y temible su Poder. Sin represión no existiría Poder ni dominación.
Y este Poder pretenden mantenerlo sobre los ciudadanos, a pesar de que la Constitución proclame los derechos individuales y la protección contra esa imposición religiosa. La fórmula que emplea el clero para justificar esta imposición se contiene en lo que llaman “poder indirecto del papa”, teoría elaborada por los jesuitas Mariana en su ensayo “De rege et regis institutione” y Suárez en el suyo “Tractatus de legibus ac deo legislatore”.
Según esta teoría, puesto que el Poder civil se ejerce sobre una comunidad católica y el Poder religioso, al ser espiritual y divino, está por encima de la autoridad civil, el papa, la Iglesia, el clero, aun reconociendo la autoridad civil, si ésta legislara contra la doctrina cristiana poniendo en peligro la salvación de “sus” fieles, como puede ser reconocer el derecho de la mujer a decidir por sí misma y al aborto o el derecho de los homosexuales a existir y a casarse, el papa puede, para proteger a “sus” fieles, intervenir “indirectamente” contra la autoridad de las leyes civiles e invocar el derecho de resistencia contra esas leyes y contra la autoridad civil. Cuando el Poder civil lo ejerce un partido católico como el Partido Popular o que podría llegar a ser el PSOE, entonces son los mismos gobernantes quienes, obedientes a la autoridad religiosa, aplicarían leyes contra el aborto y contra la existencia de la homosexualidad.
La paradoja de estas ambiciones clericales es que hoy día la Iglesia no tiene otro Poder que el moral, el ser la conciencia de clase de la clase dominante, su refugio y legitimidad ideológica. Los grandes soportes de su poder económico, que garantizaban su autonomía corporativa, los perdió con las desamortizaciones. El Poder de la Iglesia es de origen teocrático y por tanto antidemocrático porque nunca emana de la soberanía popular ni nacional. Un Poder que no puede sustentarse en sí mismo porque la Iglesia necesita del Estado para financiarse y para legalizar sus intereses y privilegios. Lo que consigue firmando concordatos con gobierno clericales o moralmente débiles. Sin esos consentimientos legales y ayudas financieras no podría existir. Pero la derecha la necesita porque es su fundamento ideológico y fuente de legitimidad. No lo son los derechos individuales.
«El Partido Popular está dando un golpe de Estado desde la legalidad contra la legitimidad»
Desconozco donde ha comprado usted la máquina expendedora de carnets de demócratas y de legitimidades, pero si no me equivoco, hace dos años y pico, el partido popular ganó incontestablemente las elecciones, al igual que las ganó Zapatero en el pasado, y las ganará las próximas quién los españoles así consideren que ha de ganar; por tanto, negar la legitimidad del partido gobernante para gobernar según considere, básicamente es o por un petulante sectarismo propio de comienzos del siglo pasado/enterrado, o por una incapacidad o limitación para aceptar que se es minoría, o por lo menos en esta legislatura.
Es aceptable considerar que una sociedad es mejor si es más laica, pero el hecho de que moralmente haya un poso de judeocristianismo en la conciencia subjetiva e individual, más o menos prácticamente, y que ésta influya en las decisiones políticas, no hace que la sociedad sea peor o menos demócrata.
Cualquier cofradía de ciudad real tiene más «hermanos» que afiliados los partidos mayoritarios de la ciudad. Creo que el PSOE en Ciudad Real (local) no tiene más que trescientos afiliados largos y el PP, 600 largos.
Así pues, y aceptando su postura de fondo, desde el respeto, luche y argumente por sus posiciones, pero no por la vía de la deslegitimación, pues es tan democrática una postura u otra si las urnas así lo demuestran.
(Feliz semana)
Si bien ambos llevan razón, creo que somos lo suficientemente maduros para que la vida civil española esté lo más exenta posible de influencias religiosas del tipo que sean en cualquier asunto y, sobre todo en la educación o la sanidad (aborto o eutanasia).
Si bien el art 14 defiende el derecho a la libertad religiosa, no hay ninguno en el que se diga que la religión debe influir en la creación o modificación de leyes que a afecten a la ciudadanía.
En cuanto al tema de quién tiene más afiliados, yo me quedo con España. Somos 46 millones de españoles y españolas y, creo que la gran mayoría prefiere un Estado laico. Si no fuera así, seríamos cualquier país musulmán ultra, pero dirigidos desde nuestra Meca en Roma.
Quė en el PP la mayoría sea católica puede servir para que sus normas sean mejores con los ciudadanos, si cabe, que no sé yo; pero no y nunca conforme a la doctrina católica. Cuando se entra al Congreso o al Consejo de Ministros uno se deja su fe en casa, sea cual sea.
Darle más vueltas no tiene sentido.
Por más radical que parezca solo dice la verdad, enhorabuena.